Con esta intervención, la Ungrd busca proteger a cerca de 8.000 personas de los corregimientos El Chiquí y Las Guamas.
La ponencia plantea llamar a juicio a los congresistas Juan Pablo Gallo, Julián Peinado, Liliana Bitar, Wadith Manzur y Karen Manrique, así como al excongresista Juan Muñoz.
Las acciones hacen parte de la fase de recuperación que lidera la UNGRD para restablecer condiciones de movilidad, salubridad y seguridad en los territorios afectados.
Todas estas poblaciones se encuentran muy cerca del afluente o aledaños al boquete de Cara ‘e gato.
En el país hay 115.539 familias damnificadas, de las cuales 78 mil están en Córdoba.