La Corte Suprema de Justicia volverá a poner bajo la lupa uno de los expedientes de corrupción más delicados que ha golpeado al Congreso en los últimos años. Este miércoles 4 de marzo, la Sala de Instrucción discutirá una nueva ponencia que podría cambiar el rumbo judicial de varios parlamentarios investigados por el presunto desvío de recursos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
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El documento, elaborado por el magistrado Misael Rodríguez, plantea llamar a juicio a los congresistas Juan Pablo Gallo, Julián Peinado, Liliana Bitar, Wadith Manzur y Karen Manrique, así como al excongresista Juan Diego Muñoz, quienes son señalados de haber participado en un supuesto entramado para direccionar contratos públicos a cambio de respaldos políticos.
No es la primera vez que el alto tribunal examina medidas contra los investigados. En agosto del año pasado, una propuesta para imponerles medida de aseguramiento no alcanzó los votos necesarios, lo que permitió que los parlamentarios continuaran en libertad y ejerciendo sus funciones.
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Sin embargo, el panorama cambió tras la incorporación de nuevas pruebas al expediente. Entre ellas figuran interceptaciones telefónicas, declaraciones de exfuncionarios y registros digitales que —según la ponencia— reforzarían la hipótesis de un esquema coordinado para negociar apoyos legislativos mediante contratos financiados con recursos destinados a atender emergencias.
Uno de los relatos clave es el de la exconsejera presidencial Sandra Ortiz, quien aseguró que dentro del Gobierno se habría promovido una estrategia para acercar congresistas a proyectos oficiales con el fin de asegurar votaciones favorables.
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A ese testimonio se suma el del exministro Luis Carlos Reyes, quien afirmó haber advertido irregularidades relacionadas con el manejo de partidas presupuestales durante la gestión de Ricardo Bonilla.
