Con un fuerte pronunciamiento, el presidente Gustavo Petro arremetió contra la fiscal general Luz Adriana Camargo, tras la decisión de la entidad de no levantar las órdenes de captura contra 29 miembros del ‘Clan del Golfo’, entre ellos su principal jefe, Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo. “El presidente las ordena, no la fiscal. Y aquí se respeta la Constitución”, así le respondió el mandatario a la fiscal.
La tensión entre la Casa de Nariño y la Fiscalía General de la Nación volvió a deteriorarse en medio de los constantes desacuerdos entre el presidente y la jefa del ente acusador, un vínculo institucional que ha atravesado varios episodios de distanciamiento desde la llegada de Luz Adriana Camargo al cargo.
Desde la Fiscalía se argumentó que no se accedió a la solicitud del Gobierno debido a dudas sobre la verificación de los compromisos alcanzados con esa estructura armada y narcotraficante.
Además, la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, liderada por Otty Patiño, había solicitado a finales de abril suspender las órdenes de captura contra 29 miembros del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), con el fin de facilitar su ingreso a una Zona de Ubicación Temporal prevista para el 25 de junio de 2026, como parte de los diálogos adelantados en Doha, Catar, en 2025.
El plan contemplaba que la ubicación progresiva de los integrantes iniciara el 1 de marzo de 2026, pero ese proceso no se puso en marcha en la fecha establecida. Esto llevó posteriormente a la revocatoria de la resolución que había permitido la suspensión de las órdenes de captura, incluida la de ‘Chiquito Malo’.
Para el ente investigador, aún no existe suficiente evidencia que permita concluir que el proceso de paz esté lo suficientemente avanzado como para activar esos beneficios judiciales.
La Fiscalía también advirtió que la lista enviada por el Ejecutivo no será aceptada de manera automática, sino que cada caso deberá ser evaluado de forma individual antes de tomar decisiones.
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Según la entidad, la información remitida por el Gobierno “permite conocer el compromiso de ingreso de algunas personas a las ZUT”, pero no permite verificar “el contenido de los acuerdos de paz, su cumplimiento efectivo, ni el universo de integrantes” que quedaría bajo control institucional”. El documento insiste en que esa verificación “no puede depender únicamente de lo informado por miembros del grupo” y debe hacerse mediante “un mecanismo claro, trazable y verificable”.
Desde el Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades de Indepaz, su director Leonardo González Perafán señaló que “si la finalidad de estas zonas es facilitar tránsito a la paz, sometimiento, desescalamiento y dejación de armas, es razonable que la Fiscalía exija compromisos concretos: cese de afectaciones al DIH, entrega de menores reclutados y suspensión de economías ilícitas. La paz también requiere garantías, verificación y responsabilidad”.
Entre los criterios que deberían evidenciar avances reales en el proceso se incluyen la desarticulación de estructuras armadas, el cese de violaciones al DIH y al DIDH, la entrega de menores reclutados, la ubicación de personas desaparecidas, la entrega de armas, el fin de hostilidades contra la población civil, el desminado y el desmonte de economías ilegales.
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La Fiscalía reiteró que las zonas de ubicación “deben entenderse como un medio para facilitar la desmovilización, el sometimiento a la justicia y el desmantelamiento del grupo”, y no como “el punto final del proceso ni como una habilitación general de movilidad”. Además, aclaró que los beneficios de tránsito e inmunidad solo empezarán a regir “a partir” del 25 de junio de 2026 y “no antes”.
Además, el ente acusador confirmó también que en el listado aparece ‘Chiquito Malo’, máximo cabecilla del grupo, quien es requerido en extradición por Estados Unidos. La Corte Suprema de Justicia ya emitió concepto favorable para dicha extradición el 10 de diciembre de 2025. Aunque reconoce la facultad del Presidente para decidir sobre la entrega de nacionales, la Fiscalía pidió “honrar los compromisos de cooperación judicial” en casos de delitos transnacionales
Horas después del pronunciamiento de la Fiscalía, el presidente Gustavo Petro se distanció de la lista elaborada por el consejero de paz Otty Patiño, documento que había sido divulgado días antes.
“La comisión de paz hizo una lista de 29 que incluye extraditables; estaba en sus funciones, pero no fue consultada esa decisión al Presidente, que ha sido claro en que en las primeras fases del proceso no actúan extraditables”.
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Finalmente, Otty Patiño defendió el procedimiento y cuestionó la posición de la fiscal Camargo, asegurando que la suspensión de órdenes de captura tiene sustento en la Ley 2272 de 2022 (Ley de ‘paz total’) y no depende de una “valoración discrecional” posterior de la Fiscalía.
“En consecuencia, preocupa que ahora, mediante la Resolución No. 0-0142 de 2026, se introduzca una interpretación contraria que termina subordinando la aplicación de la ley a valoraciones adicionales no previstas expresamente por el legislador”, expresó el funcionario.
