El balance da cuenta de 63 personas heridas en hechos violentos, así como del asesinato de 19 integrantes de la fuerza pública y de 16 uniformados lesionados durante el mismo periodo.
La guerrilla justificó el secuestro al acusar a la Policía y al Ejército de supuestamente brindar apoyo a la disidencias de las Farc conocida como el Frente 33.
Los uniformados fueron entregados a una comisión humanitaria integrada por la Defensoría del Pueblo, la Iglesia católica y la Misión de Verificación de las Naciones Unidas.
Este centro de operaciones ilícitas pertenecía al Frente Camilo Torres Restrepo del ELN, con presencia en el sur del departamento.
El mandatario lanzó varias advertencias tras la propuesta de la guerrilla de discutir un “acuerdo nacional”.