Las pérdidas por sus actuaciones ilegales superan los $1.600 millones y afectaron servicios esenciales en zonas rurales y urbanas.
Las autoridades precisan que localizar a la mujer es fundamental para conocer quién habría dado la orden de disparar.
El ente acusador delegó un equipo de investigación coordinado por la delegada para la Seguridad Territorial y el director del CTI.
Esto “con el objeto de evitar no solo su fuga o evasión, sino también prevenir que sean asesinados, silenciados o intimidados por terceros con el fin de impedir la revelación de la verdad”.
Se trata de Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, quienes están en poder del Frente de Guerra Oriental.