Mientras Bernie Moreno –uno de los congresistas mejor informados de Estados Unidos– desmentía la información de Gustavo Petro, según la cual la CIA –principal agencia de inteligencia de Estados Unidos– tenía información sobre un presunto atentado al candidato gobiernista Iván Cepeda, en Colombia arreciaban las amenazas de muerte contra los aspirantes opositores Paloma Valencia y Abelardo De la Espriella, los más opcionados a disputar la segunda vuelta presidencial con Cepeda.
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El senador Moreno –republicano, muy cercano a la administración de Donald Trump– fue categórico en su respuesta a Petro, quien había afirmado que la CIA tenía datos “reales y concretos” sobre el supuesto atentado a Cepeda.
“Eso es falso”, declaró Moreno desde Washington, para no dejar ninguna duda sobre la versión de Petro. “Los funcionarios de Estados Unidos no tienen ninguna información sobre tal amenaza y el señor Cepeda ha sido informado de ello. Sin embargo, seguimos muy preocupados por las amenazas a la vida de los otros dos candidatos, uno de los cuales es ciudadano estadounidense”.
Moreno se refiere a Paloma Valencia y Abelardo De la Espriella, quienes en varias oportunidades han denunciado amenazas contra sus vidas. No obstante, pese a la gravedad de sus denuncias, ninguna ha sido tomada en serio por el propio Petro, quien –por el contrario– las ha soslayado y restado importancia. Solo ahora que –al parecer– ha sido amenazado el candidato continuista, Petro se pronunció sobre la grave situación de seguridad de los candidatos presidenciales. Ninguna de las amenazas anteriores logró despertar su interés como jefe del Estado colombiano y garante de la unidad nacional.
Pero más allá de la versión de Petro, sobre un presunto atentado que se estaría fraguando contra el candidato Cepeda, desmentida por el senador Moreno, la triste y cruel realidad es que en Colombia todos los candidatos presidenciales están en riesgo de sufrir algún tipo de atentado contra sus vidas.
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Y ello es un hecho gravísimo no solo por el riesgo que corren sus vidas, sino por los antecedentes que hay en el país, relacionados con asesinatos de políticos connotados o aspirantes a la Presidencia, tanto en tiempos pasados como recientes.
Por desgracia, en Colombia han sido asesinados por sus ideas políticas decenas de dirigentes. La lista es larga: Rafael Uribe Uribe, Jorge Eliécer Gaitán, Luis Carlos Galán, Álvaro Gómez Hurtado, Bernardo Jaramillo Ossa, Jaime Pardo Leal, Carlos Pizarro León-Gómez. Y el más reciente de todos: Miguel Uribe Turbay, asesinado en el gobierno de Gustavo Petro.
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Al momento de su atentado –el 7 de junio del 2025, que le costaría la vida meses después– Uribe Turbay era no solo el aspirante opositor favorito en las encuestas para derrotar al petrismo, sino el más encarnizado contradictor del presidente.
Por cuenta de ello, Petro lo convirtió en blanco de sus ataques en redes sociales. El hostigamiento de Petro a Uribe Turbay consta en decenas de trinos, en los que se refiere al joven senador del Centro Democrático en términos ofensivos, groseros, desobligantes e injuriosos. De ahí que voceros de la familia de Uribe Turbay, entre ellos su viuda, María Claudia Tarazana, no dudan en afirmar que Petro “instigó el atentado contra Miguel”.
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¿Qué hay detrás de las amenazas a los candidatos presidenciales? Veamos:
Abelardo De la Espriella paga su seguridad con su propio bolsillo
La situación de seguridad del también candidato opositor Abelardo De la Espriella es tan grave como la de Paloma. ‘El Tigre’ se ha quejado no solo de la falta de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNDP), sino también de la ausencia de garantías del propio Petro, quien prefiere omitir las denuncias que recibe. Ante los graves riesgos que corre, De la Espriella optó por pagar de su bolsillo los desplazamientos por el país, para presidir manifestaciones en aquellos lugares donde puede hacerlo. Inclusive, paga con sus ingresos el uso de un helicóptero para poder desplazarse, con el fin de minimizar el riesgo que corre su vida.
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El uso del helicóptero no es, pues, una ostentación, ni mucho menos un lujo, sino un recurso para proteger su vida y la de sus acompañantes. No obstante, hay zonas del país que no puede visitar –ni en helicóptero– porque el Gobierno no le garantiza su integridad, como es su obligación. Ello sucede con algunos municipios del Cauca, Nariño y el Catatumbo, entre otros. Así las cosas, asistimos a una contienda electoral desigual en la cual hay un candidato gobiernista que puede desplazarse por todo el país –haciendo proselitismo electoral– y hay dos candidatos opositores que tienen zonas vetadas para poder tener contacto directo con sus votantes. Pero ello, poco o nada parece importarle a Petro.
Estados Unidos no está dispuesto a tolerar otro magnicidio en Colombia
Como es apenas obvio, Estados Unidos sigue con lupa lo que pasa en Colombia en relación con el riesgo de los candidatos presidenciales. En el caso de Paloma Valencia y Abelardo De la Espriella –cuyas amenazas de muerte han sido tomadas muy en serio por la administración Trump–, el subsecretario del Departamento de Estado para América Latina, Michael Kozak, afirmó: “Quienes estén pensando en hacerles daño se enfrentarán a un castigo terrible, si tan solo lo intentan”. Es decir, Estados Unidos no piensa permanecer indiferente ante los hechos de violencia contra los candidatos presidenciales.
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La pasividad que ha mostrado hasta el momento el gobierno Petro, quien debe ser consciente de la responsabilidad política que tendrá que asumir en caso de que otro magnicidio ocurra durante su mandato, llama la atención de altos funcionarios de la administración Trump, así como de congresistas afectos al Gobierno. Nadie –absolutamente nadie, menos Estados Unidos– está dispuesto a tolerar que otro candidato sea asesinado en el país. Y Petro –mejor que nadie– debería saberlo. Punto.
Petro debe garantizar la vida de todos los candidatos, no solo la de Cepeda
Contrario a su obligación constitucional como jefe del Estado, garante de la unidad nacional, Gustavo Petro solo vino a ocuparse de los graves riesgos que corren los candidatos presidenciales en Colombia cuando se vio afectado el candidato gobiernista Iván Cepeda. Antes no. Ni las amenazas de muerte contra Paloma Valencia ni contra Abelardo De la Espriella habían despertado su atención. A todas ellas Petro las soslayó y les restó importancia. Algunas –inclusive– las puso en duda. Ocurre –sin embargo– que la que si despertó su interés fue desvirtuada casi que de inmediato por el senador republicano Bernie Moreno.
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¿Qué interés tiene Petro en resaltar una supuesta amenaza de muerte que –al parecer– no existió contra Cepeda y en soslayar las amenazas de muerte contra Valencia y De la Espriella? ¿Cuál es su interés en maximizar una de ellas y minimizar las otras dos? La obligación de Petro es garantizar la integridad y la vida de todos los candidatos presidenciales, sean o no de sus afectos. Punto. Mucho más si se tiene en cuenta que su gobierno no fue capaz de garantizar ni la integridad ni la vida de su principal opositor, el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
Paloma Valencia, ¿en la mira del ELN?
El mismo día que Petro anunció el supuesto atentado contra Cepeda, el expresidente Álvaro Uribe denunció la existencia de un plan terrorista contra la candidata Paloma Valencia, aspirante del Centro Democrático y de la Gran Consulta por Colombia. Según Uribe, alias Pablito Arauca y alias Antonio García, jefes del ELN protegidos por el régimen chavista en Venezuela, estarían detrás del supuesto asesinato de Valencia. Al parecer –según Uribe– los cabecillas del ELN serían los responsables directos de “un intento de magnicidio contra Paloma”. “Dan la orden de votar por Iván Cepeda –sostuvo Uribe– para imponerlo en primera vuelta”. “La paz total de Petro y Cepeda –remató Uribe– asesinó a Miguel Uribe, cuidemos a Paloma”.
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La misma Paloma Valencia había sido objeto de otra amenaza de muerte mediante la difusión de una corona fúnebre al lado de una fotografía suya en la que invitaban a sus exequias. Mientras todo ello ocurría, Petro guardaba silencio. La propia Paloma ha denunciado que existen zonas en el país a las cuales no puede asistir en desarrollo de la campaña a la Presidencia, porque el gobierno de Petro no le brinda garantías para hacer proselitismo electoral.
