El movimiento Defensores de la Patria salió al paso de los cuestionamientos surgidos tras el desplazamiento en helicóptero del candidato presidencial Abelardo De La Espriella a la Cumbre de Gobernadores en Chía, y defendió tanto la legalidad de sus decisiones logísticas como el manejo de los recursos de campaña.
Las críticas fueron planteadas por las periodistas Camila Zuluaga y Lina Sandoval durante un conversatorio en la Universidad de La Sabana, donde se discutió el uso de este tipo de transporte en el contexto electoral.
A través de un comunicado, la campaña aseguró que su operación se ha basado en la “absoluta transparencia y autonomía financiera”, destacando que el candidato ha financiado con recursos propios tanto la recolección de firmas como el funcionamiento general de su aspiración presidencial.
Según el movimiento, no han recibido donaciones ni aportes de terceros.
En esa línea, explicaron que todos los gastos están siendo cubiertos con patrimonio personal del candidato y bajo un esquema de control que incluye una auditoría internacional independiente, encargada de verificar el cumplimiento de las normas y los topes establecidos. Además, indicaron que la campaña maneja una única cuenta bancaria y una sola fuente de ingresos.
Sobre el uso del helicóptero, el comunicado enfatiza que se trata de una decisión asociada a razones de seguridad. Según el movimiento, De La Espriella es uno de los candidatos con mayores niveles de amenaza en el actual proceso electoral y, al mismo tiempo, uno de los que cuenta con menor esquema de protección estatal.
En ese contexto, señalaron que las decisiones de movilidad buscan proteger la integridad del candidato sin exceder los límites legales. También cuestionaron que algunos sectores de la prensa enfoquen sus críticas en este tipo de gastos, mientras —según indican— otras campañas operan con estructuras más costosas y con recursos cuyo origen no siempre recibe el mismo nivel de escrutinio.
El movimiento advirtió además que el país atraviesa un momento sensible en materia de seguridad política, recordando hechos recientes de violencia contra actores electorales, lo que —afirman— obliga a priorizar la protección de la vida por encima de cualquier consideración.
