El economista, dirigente político, y ahora fórmula vicepresidencial oficial de la candidata Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, reiteró recientemente su postura sobre el futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), al asegurar que, de llegar al poder, garantizaría los recursos necesarios para el funcionamiento de este tribunal de justicia transicional.
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En medio del evento de presentación de la candidatura conjunta, el exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) explicó que uno de los puntos discutidos con Valencia fue precisamente el funcionamiento del sistema de justicia transicional creado tras el Acuerdo de Paz con las extintas Farc. Al respecto, Oviedo sostuvo que este debe contar con financiación suficiente para cumplir con su mandato y ofrecer resultados verificables al país.
Según explicó, su propuesta busca que la jurisdicción tenga las condiciones institucionales y presupuestales necesarias para cumplir su mandato y, al final de un eventual gobierno, pueda entregar un balance transparente sobre su gestión.
La postura de Oviedo frente al tribunal de paz
Oviedo ha señalado que el Estado debe garantizar que la JEP tenga los recursos necesarios para cumplir con las responsabilidades que le asignó el acuerdo de paz.
En su opinión, el compromiso institucional con la jurisdicción no debe centrarse únicamente en el debate político, sino en asegurar que el tribunal pueda completar su labor y responder ante la ciudadanía.
“El acuerdo que hemos definido es trabajar incansablemente para que todos los recursos económicos e institucionales se asignen a este sistema de justicia transicional bajo nuestro gobierno”, afirmó.
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El dirigente indicó que su posición no implica una defensa incondicional del sistema, sino la necesidad de permitir que el tribunal avance y entregue resultados concretos. En ese sentido, insistió en que el objetivo es que, al finalizar un eventual gobierno, la JEP pueda presentar un balance claro de su gestión.
“Más que enfrascarnos en si se renueva o no el periodo de la JEP, lo que queremos es trabajar con efectividad y con sentido de transición”, precisó Oviedo.
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Y agregó: “Lo importante es que ese modelo de justicia paralelo resuelva con efectividad y permita que haya reparación y no repetición de los conflictos del pasado”.
La JEP, en el centro del debate político durante la campaña presidencial
La financiación y el futuro de la JEP se han convertido en uno de los puntos de discusión infaltables dentro del panorama político nacional, sobre todo en los últimos meses.
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Desde su creación tras el Acuerdo de Paz de 2016 en Colombia, la jurisdicción ha sido objeto de críticas por parte de dirigentes que cuestionan su funcionamiento o plantean ajustes a su estructura. Otros, en cambio, defienden su continuidad y sostienen que es una pieza clave para esclarecer lo ocurrido durante el conflicto armado y garantizar los derechos de las víctimas.
La JEP tiene la tarea de investigar y juzgar graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario ocurridas durante décadas de confrontación. En ese marco, el tribunal ha abierto varios macrocasos que abordan delitos como secuestro, ejecuciones extrajudiciales y otras conductas atribuidas a distintos actores armados.
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Las investigaciones involucran a exintegrantes de las FARC, miembros de la fuerza pública y otros responsables señalados dentro del conflicto, en procesos que buscan avanzar en el esclarecimiento de la verdad y la rendición de cuentas.
