Además, radicó un derecho de petición este lunes y la fiscal tendrá un plazo de cinco días para dar respuesta.
El veedor Gerson Vanegas García expondrá este caso el martes ante la Comisión de Moralización que sesionará en el municipio de Sincé.
“La fuerza letal solo es legítima como último recurso ante una amenaza inminente”, expresó Luis Vargas, representante del país ante la Organización de Estados Americanos.
En debate de control político en la Comisión de DD. HH. se advirtió que el Gobierno “no informó sobre estas operaciones ni sobre estas víctimas”.
La sociedad civil organizada aduce que no se quedará callada y por eso alista una protesta indefinida para hacerse sentir ante las autoridades.