Tras dos meses de las graves emergencias registradas en el norte del país, a causa de las inundaciones por las fuertes lluvias, la Corte Constitucional aún no llega a una conclusión sobre la exequibilidad de la emergencia económica, impuesta por el Gobierno nacional para enfrentar la crisis.
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Los impedimentos de seis magistrados, tres mujeres y tres hombres, traban aún más el debate del impuesto al patrimonio, que fue la principal medida de choque del Gobierno Petro.
La magistrada Lina Escobar, quien es la encargada de analizar el Decreto 173 de 2026, que reglamenta el impuesto, manifestó su impedimento ante la Sala Plena este lunes, 27 de abril, al igual que las togadas Natalia Ángel y Paola Meneses.
Asimismo, los jueces Carlos Camargo y Miguel Polo señalaron su impedimento al debate. Mientras el plenario no defina sus recursos, la deliberación en la Corte Constitucional no avanzará.
Cabe recordar que el 24 de febrero el Gobierno decretó un impuesto para las personas naturales y jurídicas que, al primero de marzo, tuviesen un patrimonio de más de doscientas mil unidades de valor tributario (UVT). En 2026 la Dirección de Impuestos y Aduanas (Dian) fijó la UVT en 52.374 pesos, así que el tributo les correspondería a las personas jurídicas con más de 10,47 mil millones de pesos en patrimonio líquido.
La tarifa, que los contribuyentes tienen que cancelar en dos plazos: primero de abril y 4 de mayo, es del 0,5%; a excepción de los bancos, las extractoras de carbón y las aseguradoras, que asumirán un 1,6%.
Es de resaltar, que el Gobierno nacional decretó un estado de excepción, trazando así una hoja de ruta marcada por medidas económicas extraordinarias. Esta medida ha sido rechazada por varias asociaciones en el país.
Por ejemplo, Colfuturo señaló que el estado de excepción “es manifiestamente regresivo, inequitativo y por ende contrario a los principios constitucionales” de justicia tributaria.
