Un informe técnico contable de 23 páginas, al que tuvo acceso El Tiempo, pone en duda la versión entregada por Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol en licencia, acerca de la adquisición del apartamento 901 en el norte de Bogotá. Este documento forma parte de las pruebas que analizan actualmente la Procuraduría General de la Nación en una investigación disciplinaria y la Fiscalía General de la Nación en un proceso penal por presunto tráfico de influencias y posibles irregularidades en la compra del inmueble.
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Según el medio, la Procuraduría decidió extender por tres meses más la etapa de investigación disciplinaria y ordenó la práctica de 16 nuevas pruebas con el fin de aclarar cómo se llevó a cabo la compra, de qué manera se efectuó el pago y si hubo participación de terceros en la negociación.
Entre las diligencias solicitadas, se incluye requerir a la empresa Princeton International Holdings Limited (propietaria del inmueble) para que confirme la existencia del contrato de compraventa con Roa, el valor pactado y si el pago se realizó en su totalidad. Asimismo, se pidió verificar si compañías vinculadas al exoficial Juan Guillermo Mancera, como Innova Mercadeo y Logística, tuvieron algún rol en la operación.
El informe, elaborado por la firma JC Contadores Judiciales, contiene un análisis forense de movimientos financieros, extractos bancarios y estados contables, además de la trazabilidad de recursos entre enero de 2022 y febrero de 2026.
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Asimismo, dentro del estudio se examinaron cuentas bancarias de Ricardo Roa, su pareja Carlos Julián Caicedo Cano y la sociedad Roca Bi S.A.S., de la cual ambos son socios. El documento concluye que no se evidencian pagos directos de estas personas o de la empresa hacia la firma propietaria del inmueble, lo que difiere de la versión presentada por la defensa.
Además, el informe indica que, aunque se identificaron movimientos asociados a la compra del apartamento, no se logró establecer de manera directa que dichos recursos provengan de Roa o de sus empresas. El análisis se basó en información digital, estados financieros y extractos bancarios disponibles para los peritos dentro del proceso.
De acuerdo con el informe, se detectaron seis consignaciones realizadas entre marzo de 2023 y febrero de 2024 por cerca de 1.800 millones de pesos, suma que coincide con el valor del inmueble. Estas transacciones fueron registradas en una cuenta corriente de Bancolombia perteneciente a la empresa vendedora, aunque no se establece con claridad el origen de los recursos.
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El documento también examina otros movimientos financieros relacionados con la operación y el flujo de dinero dentro del sistema bancario durante el periodo investigado.
En cuanto a las versiones de las partes, el medio conoció la postura del abogado Jaime Lombana, quien representa al empresario Serafino Iacono, dueño de Princeton International Holdings Limited. Según explicó, no hubo una relación financiera directa entre la empresa y Ricardo Roa.
El jurista señaló que el negocio no se habría concretado directamente con Roa, sino que inicialmente habría sido estructurado por el coronel Juan Guillermo Mancera, quien habría actuado como intermediario. Posteriormente, el inmueble habría sido transferido a nombre de Roa por solicitud de Mancera.
La defensa de Iacono sostiene que la compañía nunca recibió dinero proveniente de Roa, su pareja o Roca Bi S.A.S., y que la transacción se realizó mediante terceros dentro de la estructura del negocio.
En el expediente también aparece un pago adicional de 100 millones de pesos en efectivo, consignado el 1 de noviembre de 2023 por una persona identificada como Darío Enrique Guarnizo R., movimiento que está siendo analizado por las autoridades.
Además, la investigación incluye la revisión del proceso de escrituración del apartamento, ya que inicialmente el bien habría tenido una titularidad intermedia antes de quedar a nombre de Roa. Incluso, en una fase previa se habría contemplado la participación de la sociedad Roca Bi S.A.S. antes de la formalización final.
Por su parte, la defensa de Ricardo Roa insiste en que la compra fue legal y que existen soportes financieros que respaldan el pago total del inmueble. El abogado Juan David León aseguró, según El Tiempo, que la operación cuenta con respaldo documental y bancario, incluyendo cheques de gerencia a favor de la empresa vendedora. También afirmó que los recursos provienen de créditos bancarios y del patrimonio personal del funcionario.
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La defensa reitera que la transacción está debidamente registrada en el sistema financiero y que no presenta irregularidades.
Mientras tanto, la Fiscalía continúa evaluando el material probatorio, que incluye el informe contable, documentos bancarios y testimonios. En este contexto, el ente investigador analiza la posible definición jurídica de los implicados, entre ellos Juan Guillermo Mancera, así como la eventual imputación de nuevos cargos contra Ricardo Roa por presunta violación de topes electorales en la campaña presidencial 2022–2026.
