La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- reconoció a la subregión de los Montes de María, territorio que componen 15 municipios de los departamentos de Sucre y Bolívar, como víctima del Caso 08.
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La acreditación de este territorio demanda garantías de reparación. A su vez reconoce las afectaciones comunes que comparte con el Canal del Dique y el río Magdalena.
“Lo que afecta al territorio afecta a la vida y lo que afecta a la vida afecta al territorio”, reza en el auto emitido por la JEP y dado a conocer en la mañana de este viernes 5 de diciembre.
La decisión, adoptada por la Sala de Reconocimiento de Verdad, responde a la solicitud presentada por el colectivo Organizaciones de Población Desplazada Étnicas y Campesinas de los Montes de María (OPDs), conformado por más de 25 comunidades, el cual se encuentra acreditado ante la JEP.
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Este reconocimiento permitirá al territorio, a través de sus voceros y representantes, participar en todas las etapas del proceso: presentar pruebas, formular observaciones a las versiones voluntarias, intervenir en la audiencia pública de reconocimiento y acceder a medidas restaurativas y a garantías de no repetición.
Para la JEP, el reconocimiento implica comprender que los daños no solo recaen sobre las personas y sus bienes, sino que afectan las relaciones que sostienen la vida colectiva y ecológica. También exige visibilizar al territorio como sujeto relacional y fuente de ordenamiento social, cuya sanación requiere restaurar tanto la materia como el espíritu. Por eso, se destaca la conexión espiritual, histórica y cultural de las comunidades con su territorio, donde la tierra, la flora, la fauna, la naturaleza y la identidad colectiva son inseparables.
Esta acreditación “materializa un ejercicio de pluralismo jurídico y descolonización del derecho, que viabiliza el diálogo entre el derecho estatal y los sistemas normativos propios de los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos”, se lee en la decisión.
“Esperamos que tenga valor restaurativo y transformador al habilitar la participación de las comunidades víctimas como representantes legítimas del territorio, y con ello presentar los daños y propuestas restaurativas en esta investigación que lleva la JEP”, dijo la magistrada.
Se trata de una decisión inédita en el marco de la justicia transicional.
