El resguardo indígena kankuamo dio a conocer que celebran con respeto y esperanza la decisión histórica, de la Jurisdicción Especial para la Paz, de emitir la sentencia que reconoce las graves violaciones de Derechos Humanos, en la costa Caribe, que fueron investigadas en el Caso 03.
Lea también: JEP dicta la primera condena por ‘falsos positivos’ en el Caribe: exmilitares, sentenciados a entre 5 y 8 años
“La relevancia de esta sentencia se amplifica para nuestro pueblo, pues 10 de nuestros hijos fueron víctimas de las ejecuciones extrajudiciales conocidas como ‘falsos positivos’, en la Costa Caribe. La sentencia no solo reconoce la verdad y la responsabilidad de los exmilitares involucrados, sino que abre camino hacia la restauración del tejido social, la reparación colectiva y las garantías de no repetición que nuestros pueblos reclaman con dignidad”, indica el comunicado a la opinión pública del cabildo indígena.
Lea también: JEP diseñó dispositivo electrónico para hacer seguimiento a exmilitares y exguerrilleros sancionados: ¿cómo funciona?
Asimismo indicaron a través de la ponencia de la sentencia por parte de Ana Manuela Ochoa, mujer indígena de esta etnia, y demás magistrados de la JEP, se recuerda que la justicia con enfoque étnico es posible y que la paz será real si se construye desde el respecto a los pueblos, la dignidad de las víctimas y la certeza de que nunca se repetirán estos actos atroces.
Dicha sentencia fue proferida en contra de los exintegrantes del Batallón La Popa, los mayores Guillermo Gutiérrez Riveros y Heber Hernán Gómez; los subtenientes Carlos Andrés Lora, Eduart Álvarez Mejía y Elkin Burgos Suárez; los sargentos Efraín Andrade Perea, Manuel Padilla Espitia y José de Jesús Rueda; el cabo Elkin Rojas, y los soldados Yeris Andrés Gómez, Alex José Mercado y Juan Carlos Soto.
Lea también: Ofrecen $30 millones de recompensa por información sobre los asesinos de exconcejal de Becerril
Los sancionados deberán trabajar en seis proyectos restaurativos, que incluyen la construcción y mantenimiento de memoriales y centros culturales, apoyo en obras de infraestructura y adecuación de espacios productivos, en colaboración directa con comunidades indígenas y afrodescendientes.
Todos reconocieron haber participado en 135 asesinatos y desapariciones forzadas que dejaron además 192 víctimas indirectas en los departamentos del Cesar y La Guajira, entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005.
Lea también: Procuraduría investiga al alcalde de Nuquí, Chocó, por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos
