Las preocupaciones de los trabajadores de la Hacienda Bellacruz, que pasó a llamarse Hacienda La Gloria, en el municipio de este mismo nombre, en el sur del Cesar, no han cesado, debido a que tienen temor de quedar sin sus puestos de trabajo.
La incertidumbre la viven a partir de la Sentencia de Unificación SU-235 de la Corte Constitucional, la cual protege los derechos de un grupo de campesinos, ya que el predio fue declarado bienes baldíos de la Nación, y sería entregado a comunidades desplazadas.
En este sentido, más de 1.000 trabajadores podrían quedar cesantes y sin garantías laborales, situación que genera preocupación en la región, ya que es una de las pocas empresas dedicadas a la agroindustria en el departamento.
El concejal de La Gloria, Donaldo Vilardy, hizo una petición al Gobierno nacional y a la Corte Constitucional, para que nuevamente el caso sea estudiado y se pueda proteger el derecho al empleo de los cientos de trabajadores que son el sustento para sus familias.
“No queremos una catástrofe laboral en la región. Son más de mil personas que reciben su sustento en la Hacienda La Gloria, familias afectadas que tienen a sus hijos estudiando por fuera, lo que genera una gran preocupación en la comunidad y en los líderes, por los efectos laborales que se generarían”.
Por su parte, el presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Simaña, Mario Alberto Bustamante, aseguró que la sentencia no solo estaría afectando a los trabajadores directos, sino también a toda la economía regional.
Asimismo, el líder social Gregorio Riaño señaló que, aunque existe respaldo a los derechos de los campesinos reclamantes, también preocupa el impacto que tendría la medida sobre cientos de familias que dependen de la actividad palmera.
“No estamos en contra de la sentencia, es necesario apoyar a los campesinos, pero para amparar a 10 o 15 familias van a perjudicar a más de mil que por años han laborado en la Hacienda La Gloria y que hoy tienen compromisos como créditos, deudas y préstamos que los pueden dejar en la calle”, manifestó.
Riaño, sostuvo que la situación tendría repercusiones en distintos municipios y corregimientos del sur del Cesar, debido a que de la actividad de la palma dependen habitantes de Simaña, La Mata, La Gloria, Pelaya, San Bernardo, Costilla, Tamalameque y Aguachica.
Con la misma preocupación se encuentra Leidys Johana Pedrozo, trabajadora de la hacienda y madre cabeza de hogar, quien expresó su consternación frente a la situación, ya que es el sustento para toda su familia.
“Tenemos hijos en la universidad y el bachillerato, con algunos compromisos adquiridos, pero ahora quedaremos sin trabajo con una edad que nos impedirá conseguir otras oportunidades”, señaló. Explicó que como madre cabeza de hogar dependía completamente de su trabajo para garantizar la educación, la alimentación y el bienestar de sus hijos.
Detrás de la sentencia hay historias humanas que van más allá de los procesos legales. Son trabajadores que dedicaron años de esfuerzo al sector agroindustrial y que ahora enfrentan el desafío de reinventarse en un mercado laboral cada vez más limitado para personas de mayor edad, aseguraron los empleados de la Hacienda La Gloria.
