La Policía Nacional, a través de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, ejecutó la operación denominada ‘Temis’, que permitió la captura de dos presuntos integrantes de una organización criminal, entre ellos alias Tuta. Según las autoridades, el resultado representa un golpe a las finanzas del ELN, específicamente a la estructura Juan Fernando Porras Martínez.
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De acuerdo con la institución, la investigación permitió establecer la existencia de una organización dedicada al financiamiento del ELN mediante el apoderamiento ilícito de hidrocarburos en uno de los puntos más afectados por este fenómeno en el departamento: el poliducto Pozo Colorados–Galán.
Presuntamente, esta estructura coordinaba la extracción ilegal de combustible, su transporte y posterior comercialización, generando millonarios recursos que serían destinados al sostenimiento de actividades terroristas y al fortalecimiento logístico del grupo armado organizado.
Con el operativo se afectaron de manera directa las finanzas de sus integrantes, quienes —según la investigación— registraban un incremento patrimonial injustificado representado en bienes muebles e inmuebles.
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Durante las indagaciones se evidenciaron movimientos bancarios superiores a 1.300 millones de pesos. Como resultado de la acción, el ELN dejaría de percibir aproximadamente 200 millones de pesos mensuales, producto del cobro de “impuestos” criminales exigidos para autorizar la actividad ilícita y ofrecer supuesta “seguridad” frente a los controles de la fuerza pública.
La Policía indicó que alias Tuta realizaba pagos a cabecillas del ELN que alcanzaban hasta 770 millones de pesos, recursos que, según las autoridades, fortalecían la capacidad operativa y delictiva de esa estructura. Asimismo, presuntamente coordinaba acciones con integrantes del grupo armado para atentar contra miembros de la fuerza pública, ofreciendo pagos de hasta 15 millones de pesos con el propósito de evitar capturas e incautaciones de vehículos cargados con combustible hurtado en zonas de injerencia como Río de Oro, Cesar, y Ocaña, Norte de Santander.
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“Continuaremos desarrollando operaciones sostenidas, con estricto apego a la ley, orientadas a desmantelar de manera estructural las redes de financiación que amenazan la seguridad y la estabilidad del territorio nacional, protegiendo los recursos naturales y el patrimonio económico del país”, declaró el brigadier general Carlos Germán Oviedo Lamprea, director de Carabineros y Protección Ambiental.
