Un total de 35 proyectos viales de todo el país hicieron parte del proceso de evaluación que adelantó el Gobierno nacional para el inicio del cobro de la contribución de valorización. Aunque el proyecto Barranquilla – Cartagena y Circunvalar de la Prosperidad se ubicó en la tercera casilla en el proceso de calificación, una serie de variables conllevaron a que fuese seleccionado como piloto para recaudar este gravamen.
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Así quedó consignado en el documento de Memoria Técnica de aplicación de la valorización, expedido por el Instituto Nacional de Vías (Invías). En ese sentido, el proyecto vial que conecta a Atlántico y Bolívar obtuvo una calificación de 3.96, siendo superado por los proyectos Accesos Norte Bogotá (4.27) y Bogotá – Girardot (4.14). En el ‘top 5’ también se incluyeron a Ruta Caribe (3.95) y Malla Vial del Valle (3.65).
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En medio de esta evaluación se detalló que en la zona de influencia del proyecto vial Cartagena – Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad fue detectado un alto poder adquisitivo por parte de los propietarios de los predios, nuevos desarrollos urbanísticos y edificativos, así como alta valorización sobre el corredor vial. Fueron los elementos propicios para su escogencia como proyecto piloto, a pesar de ser el tercero en la jerarquización.
Con relación al proyecto con la mejor calificación, que correspondía a Accesos Norte, el equipo evaluador determinó que “a pesar de que cuenta con una calificación preliminar favorable, la falta de seguridad en la continuidad de la obra que le otorgue mejores condiciones de uso la descalifica para ser objeto de aplicación de la valorización”.
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Mientras que en segunda posición de jerarquización se encontraba el proyecto vial Bogotá – Girardot, que no fue seleccionado como proyecto piloto “debido a la incertidumbre que para ese momento se tenía del tiempo de terminación de la obra, y las divergencias que en materia contractual se estaban presentado durante su ejecución”.
En el documento también queda constatado que, si bien los proyectos Ruta Caribe y Malla Vial de Valle del Cauca y Cauca “tienen ventajas diferenciales”, se encuentran con puntaje inferior de la calificación del proyecto vial Cartagena – Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad. “Esta calificación es la base estructural a partir de la cual se define la priorización de proyectos”.
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Es de anotar que dicha metodología se encontraba sustentada en tres criterios: operatividad, beneficio y capacidad de pago, así como se contemplaron nueve indicadores (administración y recaudo, monto distribuible y presupuesto total, usos, cartera en mora, recaudo predial, recaudo y número de predios, recaudo y el área, longitud del trazado en kilómetro y número de peajes e impacto según el tipo de obra).
La ruta de aprobación
Con base a esa evaluación, los miembros del Comité de Calificación y Priorización del sector transporte aprobaron –durante una sesión realizada el 5 de mayo de 2023– la designación del proyecto vial Barranquilla – Cartagena y Circunvalar de la Prosperidad como piloto para este cobro.
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De forma posterior, el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Vías (Invías) autorizó –a través de un acuerdo expedido el 19 de mayo de 2023– la aplicación de la contribución de valorización para este proyecto vial.
Unos días después, más exactamente el 26 de mayo, el Invías procedió a la expedición de la resolución 1729 para establecer los lineamientos para la realización del cobro. En ese documento se determinó una base gravable de $724.544 millones (a precios de 2022) para recaudar en predios de 11 municipios: Cartagena de Indias, Santa Catalina, Luruaco, Piojó, Juan de Acosta, Tubará, Galapa, Puerto Colombia, Barranquilla, Soledad y Malambo.
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El 27 de junio de este año se realizó la expedición de una nueva resolución para modificar algunos lineamientos para el cobro, así como se incluyeron una serie de exenciones, mientras que el 26 de agosto se expidió un nuevo acto administrativo, que corresponde a la distribución de la contribución.
Entre los puntos más relevantes se encuentra que los pagos podrán hacerse “en especie o en dinero”. El primer método procederá “cuando se trate de bienes inmuebles de interés del Gobierno nacional” para el desarrollo de obras de infraestructura pública, mientras que los pagos en dinero se podrán efectuar total o a cuotas.
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Asimismo, se incrementó la base gravable a $2.3 billones que corresponden al beneficio obtenido por la ejecución de la obra con la indexación correspondiente. A eso se sumó que entre los predios excluidos se encuentran las unidades prediales cuyos propietarios son categorizados como pobres extremos o pobres moderados en el Sisbén y de los estratos 1, 2 y 3. También se incluye a las personas que, mediante estudios técnicos, demuestran que no tienen capacidad de pago para asumir la contribución de valorización.
Los sustentos legales
Desde el Gobierno nacional se ha defendido que se cuenta con el sustento legal para adelantar el cobro de valorización a los inmuebles que sean beneficiados con los proyectos viales Cartagena – Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad.
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María Constanza García, ministra de Transporte, indicó que la valorización se constituye en una política de Gobierno con antecedentes que datan desde 1921: “Hace más de 100 años se creó la valorización en país”.
Puso de presente que, a lo largo del tiempo, esta contribución ha sido cobrada por el desarrollo de 44 proyectos en el país. Recordó que el mecanismo fue declarado como inexequible en 2003 por el Consejo de Estado, pero que en 2016 se vuelve a incorporar al ordenamiento jurídico.
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“A partir de ese momento se recorre un camino. Se saca un Conpes, después un decreto reglamentario que establece el método, la tarifa y nos genera unas definiciones para que el Gobierno pueda usar esta contribución”, explicó la funcionaria durante un reciente debate de control político en el Senado de la República.
También dijo que no se debe especular alrededor de este cobro, sino que la norma había determinado que el cobro se puede hacer antes y durante de la finalización del proyecto. Sin embargo, recientemente se realizó una modificación que permite adelantar el recaudo hasta 5 años después de la terminación de las obras.
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“Estamos dispuestos a dar las discusiones jurídicas. Hemos sido notificados, por los titulares de prensa, de diferentes demandas que se han instaurados en contra de las resoluciones de este instrumento. Debo decir, a mi juicio, con un poco de mezquindad, porque donde una demanda de estas prospere y donde un juez o una autoridad llegue a tomar una decisión en contra del instrumento, están privando nuevamente a Colombia del cobro de valorización”, enfatizó.
Las repercusiones para Petro
Analistas políticos consultados por EL HERALDO coinciden al asegurar que el cobro de la valorización en la Vía al Mar y la Circunvalar de la Prosperidad se constituye en un “nuevo golpe” por parte del Gobierno de Gustavo Petro al Caribe, una región en la cual obtuvo un respaldo relevante durante los comicios presidenciales.
Luis Trejos, analista y docente de la Universidad del Norte, sostuvo que no se puede negar que el Caribe ha quedado marginado de las prioridades del Gobierno, lo que tendría repercusiones en el corto, mediano y largo plazo.
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“El cobro de la valorización va a terminar de golpear una imagen que viene bastante a la caída del Gobierno nacional en la región y que puede ir allanando el camino para otras opciones políticas en el año 2026 ante esta situación de poca ejecución y de muchos anuncios que tiene el Gobierno nacional con respecto a la región”, aseguró.
Dijo que esta problemática se suma a otras deudas pendientes, como las tarifas de energía: “Las altas tarifas de los servicios públicos han demostrado que el Gobierno nacional, más allá de anuncios y retórica, no ha tenido la capacidad de impactar positivamente en las demandas ciudadanas de los habitantes del Caribe”.
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Por su parte, el docente Alejandro Blanco indicó que el presidente Petro está incumpliendo su compromiso de adoptar un conjunto de alivios y mejoras en lo referente a la infraestructura sin imponer nuevos gravámenes.
“El hecho de que las tarifas de energía no hayan disminuido, como se esperaba, y que además se haya implementado el cobro de valorización por obras inconclusas, ha reforzado la percepción de incumplimiento por parte de su administración”, expuso.
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Por esa razón enfatizó que “esta desconexión entre lo prometido y lo que se ha ejecutado es un punto vulnerable que la oposición podría aprovechar para socavar su apoyo o imagen en la región”.
