Un total de 54.454 predios de los municipios de Soledad, Malambo y Galapa fueron incluidos en la zona de influencia de la Circunvalar de la Prosperidad, por lo cual deberán hacer el pago de la contribución de valorización a partir del próximo año.
Las autoridades de estos municipios han expresado una “gran preocupación” ante el inminente cobro, teniendo en cuenta que se constituye en un “freno en seco” para el desarrollo económico e industrial.
En Soledad, de acuerdo con la más reciente resolución expedida por el Invías, la vía ha generado beneficios a 36.618 predios ubicados en un área de 1.174 hectáreas. Asimismo, en Malambo se ha impactado a 6.551 unidades prediales y 11.285 en Galapa.
En ese sentido, los barrios Los Almendros, Los Robles, Los Robles, Jardín de Villa Estadio, Villa Sevilla, Las Moras IV, Altos de los Robles, Los Cedros, Los Cerezos, Villa Estadio, Los Campanos, Almendros Campestre, Urbanización Combarranquilla, Villa Angelita y Río Verde hacen parte de la zona de influencia en Soledad.
También se suman los sectores de Portocastello, Ciudad del Parque, Portal de Los Manantiales, Ciudad de los Sueños, Ciudad Transmetro, Ciudad Caribe, Los Loteros, La Central, Ciudad Bonita, Palmeras del Manantial, Ciudad Fallece, Urbanización Las Colinas, Villa Santa Nueva Esperanza, Santa Isabel, El Poblado, Villa Selene, Don Bosco, San Bernardo, Si Nos Dejan, Hacienda San Antonio, Ciudad Salitre y la Urbanización María de los Ángeles, entre otros.
En Galapa, por su parte, comprende sectores como Mundo Feliz y Villa Olímpica. También cobija al corredor industrial en el cual se ubican la Zona Franca Zofia, Green Park Atlántico e Indupark Parque Industrial.
Mientras que en el municipio de Malambo cobija al corregimiento de Caracolí y a las veredas Montecristo, La Aguada, El Camen y Cascarón. También incluye sectores como Ciudad Caribe, Cañaguate, Juan XXIII, Cristo Rey y El Éden, entre otros.
Según un reciente cronograma socializado por el Ministerio de Transporte, a estos municipios llegarían las notificaciones de pago entre mayo y julio del próximo año, mientras que el cobro se adelantaría desde septiembre.
Rechazo de la comunidad
Entre el común denominador de los habitantes de Soledad, Malambo y Galapa existe desconocimiento alrededor del proyecto del Gobierno nacional de cobrar valorización. Les resulta “sorpresivo” que se haya incluido en la zona de influencia, teniendo en cuenta que gran parte de los habitantes hacen parte de los estratos más bajos.
Federman Vizcaíno, líder comunitario de Soledad, cuestionó que este gravamen se esté cobrando a predios que no son beneficiados directamente por dicho proyecto vial.
“Esas vías no generan ningún beneficio para el municipio. Al contrario, las vías de orden nacional que pasan por el municipio están totalmente deterioradas y cuando se han solicitado recursos a nivel nacional para su intervención, no han estado ahí”, expuso.
Indicó que la mayoría de los barrios que fueron incluidos en la zona de influencia cuentan con un sinnúmero de necesidades que deben ser satisfechas antes de pensarse en hacer este cobro.
“Los propietarios que no cumplan con esa obligación van a tener perjuicios, porque podrán realizarle embargos o el secuestro del inmueble. Esto afectaría a personas que no cuentan con capacidad de pago y que no han dado para ponerse al día con el impuesto predial, para ahora sumarle otro gravamen”, enfatizó.
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Por su parte, Aury Bula, habitante de Malambo, cuestionó que se incluya a varios sectores del municipio en este proceso: “A Malambo le hacen falta muchos proyectos de impacto, que terminen las obras que están inconclusas, antes de pensar en cobrar una valorización, sea por la obra que sea”.
Atala Acosta, líder comunal y social de Malambo, puso de presente que un gran porcentaje de las viviendas no se encuentran tituladas debido a la falta de recursos y condiciones de precariedad de sus propietarios.
“Las condiciones socioeconómicas cada vez son peores. Muchas personas viven del día a día y otros pueden tener un sueldo, pero también estamos siendo asfixiados por las altas tarifas de los servicios públicos y eso ha conllevado a que se incrementen las deudas de las familias”.
Impacto económico
Diana Cantillo Concha, directora de la Corporación Empresarial del Oriente del Atlántico (CEO del Atlántico), expuso que esta medida se convierte en una “afectación” a la industria que se en-cuentra ubicada alrededor de la Circunvalar de la Prosperidad.
“Es algo que nosotros realmente rechazamos por completo. Este cobro es un tema que va a im-pactar muchísimo los bolsillos y el desarrollo que tiene esta zona”, sostuvo la líder gremial.
A su turno, Efraín Cepeda Tarud, presidente del Comité Intergremial del Atlántico, ha expuesto en distintas oportunidades que el cobro de la valorización nacional en un radio de 5 kilómetros de la Vía al Mar y la Circunvalar de la Prosperidad “cercena” el desarrollo inmobiliario y turístico del departamento.
“El cobro de valorización nacional puede llevar fácilmente a los propietarios de los predios gravados a incumplir con los pagos y en consecuencia a ser sujetos de instrumentos de cobros coactivos que podrían llegar hasta el remate de los inmuebles”, dijo.
Voces en contra
El senador José David Name mencionó que el cobro de valorización es inequitativo e impacta negativamente en los municipios de Atlántico y Bolívar.
“Se les ocurrió, desde Bogotá, hacer la prueba piloto de la implementación de este mecanismo en las ciudades y municipios de Atlántico y Bolívar, bajo la excusa de que servirá como modelo de financiación para obras de infraestructura, sin decir que se trasladará al contribuyente una carga que no le corresponde”, expuso el congresista del Partido de La U.
Expresó que existen “serias dudas” sobre la destinación de los recursos a recaudar, a pesar de que los ministros Juan Fernando Cristo y María Constanza García dijeron recientemente que se invertirán en la región.
“Sigue sin convencer el injusto cobro de valorización sobre la Vía al Mar y la Circunvalar de la Prosperidad, que se pretende realizar sobre una vía aún sin concluir, que cuenta con cinco peajes y que más de la mitad se encuentra en calzada sencilla”, agregó.
Mientras que el senador Antonio Zabaraín aseguró que el cobro de la valorización se constituye en un “atraco a mano armada” y en un nuevo golpe del Gobierno nacional al Caribe.
“No contentos con quitarnos los Juegos Panamericanos, con no rebajar las tarifas de energía ni aprobar la licencia ambiental para construir los viaductos de la vía Ciénaga – Barranquilla, ahora cobran valorización a los predios ubicados en el eje vial Cartagena – Barranquilla”, sostuvo, en días pasados, el congresista de Cambio Radical.
Y el conservador Efraín Cepeda, quien se desempeña como presidente del Senado, dijo que con la valorización “es un abuso, son municipios de altas necesidades básicas insatisfechas, de altas y confiscatorias tarifas de energía eléctrica y además tienen que pagar un gravamen de valorización”.
Por su parte, Juan Manuel Alvarado, ex gerente de Ciudad y exsecretario de Planeación de Barranquilla, también expresó su descontento con la aplicación de la valorización por parte del Gobierno.
“Si fuera una medida justa empezarían por otras regiones y proyectos. Por ejemplo, cobrando valorización en el centro del país para financiar proyectos en el Caribe. Viendo los proyectos financiados con vigencias futuras se entiende que quieren perpetuar la desigualdad regional”, puntualizó.
Estratos 1, 2 y 3, por fuera del cobro: Mintransporte
Cerca de 108 mil predios ubicados en la zona de influencia de la Vía al Mar y la Circunvalar de la Prosperidad han sido excluidos del cobro de valorización por pertenecer a los estratos 1, 2 y 3.
Dicha medida fue oficializada a través de una resolución del Invías y previamente había sido anunciada por la ministra María Constanza García.
De acuerdo con la funcionaria, los equipos técnicos del Instituto Nacional de Vías (Invías) hicieron un recorrido por los municipios que se hará el cobro para determinar la capacidad de pago de los contribuyentes. La metodología excluyó a los propietarios que se encuentran en las categorías de pobreza extrema o pobreza moderada, según el Sisbén.
Recalcó que el cobro de valorización se encuentra contemplado por la ley para “recuperar parte del plusvalor y continuar generando la infraestructura que el país necesita para su desarrollo y competitividad”.
Por otro lado, la ministra de Transporte aclaró que se trata de un aporte al beneficio adquirido por las propiedades, que se establece como recuperación de los costos o participación en obras de interés público o por proyectos de infraestructura, la cual recae sobre los bienes inmuebles que se beneficien con su ejecución.
García explicó que este corredor vial se ha constituido en el piloto debido a que se habían adelantado estudios que permitían avanzar en el cobro: “Detrás viene el cobro en otros proyectos de cuarta generación, en departamentos donde hemos evidenciado que se ha generado un mayor valor de suelo”.
