En medio del crítico panorama que se vive en el municipio de Puerto Colombia por la reactivación del cobro del peaje Papiros, el anuncio del Gobierno nacional de iniciar el cobro de valorización a los predios ubicados en la zona de influencia de la Vía al Mar ha caído como un “baldado de agua fría”.
De acuerdo con la más reciente resolución expedida por el Instituto Nacional de Vías (Invías), más de 22 mil predios ubicados en 49 barrios, dos corregimientos y tres veredas hacen parte de la zona de influencia para el cobro del gravamen.
Este panorama ha generado preocupación entre la comunidad porteña, teniendo en cuenta que el cobro de este gravamen se convertiría en una “nueva afectación” al desarrollo económico, social y turístico.
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Alberto Mario Forero, habitante del sector de Villa Campestre, catalogó como una “sinvergüencería del Gobierno nacional” que se adelante este cobro, teniendo en cuenta que no se socializó y las obras en la vía no se encuentran culminadas.
“Las demandas que se han radicado deben prosperar y declarar nulo ese cobro, porque una ley o norma no puede ser retroactiva”, sostuvo.
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El ciudadano cuestionó, además, que el cobro se hará con base al avalúo comercial y no con el avalúo catastral, lo que se traduce en una mayor contribución por parte de los propietarios del municipio.
“En pocas palabras, el cobro de la valorización es un adefesio y el Gobierno nacional continúa perjudicando a los departamentos de Atlántico y Bolívar”, explicó Forero.
A su turno, Rosemberg Cueto, habitante del municipio porteño, indicó que existe mucho desconocimiento por parte de la comunidad con relación a este proceso, debido a que el Gobierno no ha adelantado la correspondiente socialización.
“No sabemos cuál es la real afectación, porque hablaron de un radio de 5 kilómetros alrededor de la vía, que es casi todo el municipio. Pero no hay certeza al respecto, aunque si genera incertidumbre”, dijo.
El líder comunitario recordó que, durante las mesas de trabajo que se realizaron el año anterior con el Ministerio de Transporte alrededor del funcionamiento de Papiros, uno de los puntos que se abordó fue que la valorización era una de las fuentes de financiación que el Gobierno había empezado a analizar para reemplazar a los peajes.
“Hay una contradicción. Porque su idea era mantener la caseta de control y también hacer el cobro de valorización, lo cual no tiene ningún sentido. Es un compromiso que hace parte de las actas”, enfatizó.
A su turno, Víctor Cabarcas, asesor en temas prediales y de infraestructura vial, sostuvo que es “difícil” entender el beneficio que una vía genera para inmuebles ubicados hasta 5 kilómetros de distancia, en especial, en zonas urbanas.
“Ese inmueble tiene un sinnúmero de vías que no depende de la vía generadora del cobro por valorización”, expuso.
Indicó, además, que se debe realizar una socialización a los propietarios con relación a las razones de ser “afectados, más aún con un avalúo comercial, cuando este depende de una oferta y una demanda que es temporal; y no con el avalúo predial”.
Pronunciamiento de gremios
El presidente del Comité Intergremial del Atlántico, Efraín Cepeda Tarud, expresó la preocupación que existe alrededor del impacto negativo que generará el cobro de la valorización para la ciudadanía del departamento.
“Cada resolución hace más inequitativa esta medida que va en contra de los habitantes de Barranquilla, Cartagena y de los municipios localizados en el área de influencia de este corredor vial, y frena el desarrollo turístico e inmobiliario en ese eje vial”, dijo.
Mencionó que es “inadmisible” que se deba pagar este gravamen por una vía “que tiene el 60% de su trayecto en calzada sencilla, en la que se pagan peajes que han sido fundamentales para su construcción y mantenimiento y sobre la cual décadas atrás se cobró una contribución similar.
Recalcó el rechazo al cobro de la valorización y recordó que se presentó una acción de nulidad ante el Consejo de Estado contra las resoluciones expedidas por el Invías, teniendo en cuenta que “porque contravienen normas legales establecidas para ello”.
Cepeda Tarud fue enfático al sostener que “la voracidad de este Gobierno no parece tener límites porque en cada resolución amplían la base gravable de la valorización y el monto de lo que esperan recaudar”.
Y por último indicó que “la insistencia en el cobro de esa contribución contrasta con el silencio sobre la necesidad de hacer la doble calzada en esos 60 kilómetros que faltan”.
Presentan demanda de inconstitucionalidad contra la valorización
A través de la vía judicial se busca frenar el cobro de valorización en Atlántico y Bolívar. Este miércoles, el senador Mauricio Gómez radicó una demanda de inconstitucionalidad con el “firme propósito” de proteger los derechos de los ciudadanos.
De acuerdo con el congresista liberal, la demanda fue presentada contra el artículo 280 de la Ley 2294 de 2023, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo. De esta manera se busca que se declare la inexequibilidad parcial de dicho artículo.
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“La norma impugnada permite que dicho cobro se pueda efectuar hasta cinco años después del inicio de la ejecución del proyecto, lo cual es una vulneración a los principios constitucionales y un perjuicio significativo para los habitantes de Atlántico y Bolívar, ya que son estos departamentos en los que se implementará este plan piloto”, sostuvo.
Indicó, además, que este cobro impondría una “carga injusta” a los ciudadanos de los dos departamentos: “No permitiré que Atlántico y Bolívar sean utilizados como escenarios experimentales para un proyecto piloto de valorización que recaudaría 2.1 billones de pesos, los cuales podrían ser invertidos en cualquier parte del territorio nacional”.
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Señaló que esta valorización retroactiva es inconstitucional y representa un freno para el desarrollo de los departamentos afectados. Puso de presente que, a pesar de la finalización del contrato de construcción de la vía Barranquilla-Cartagena, más del 65 % de la vía sigue sin doble calzada.
