El cobro de valorización en predios de Atlántico y Bolívar, ubicados en los corredores de la Circunvalar de la Prosperidad y Vía al Mar, solo lo puede frenar las decisiones que resulten de las demandas y otros recursos legales interpuestos por varios sectores ante instancias como el Tribunal Administrativo, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.
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Este proyecto que viene siendo liderado por el Gobierno nacional es inminente, pero en igual medida tiene un contrapeso muy fuerte por parte de la ciudadanía, autoridades y gremios por resultar –en palabras de las masas– “injusto” y “perjudicial” para el desarrollo de los departamentos a los que se le quiere aplicar este nuevo tributo.
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Cabe recordar que con el cobro de este gravamen, que proyecta recaudar $2.3 billones, se impactará a 248 mil predios que hacen parte de la zona de influencia de estos corredores viales, de los cuales 180 mil se encuentran en jurisdicción del Atlántico.
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Además de Cartagena y Santa Catalina, en Bolívar, Barranquilla y los municipios de Piojó, Juan de Acosta, Tubará, Galapa, Puerto Colombia, Soledad y Malambo se verán afectados por la implementación de este gravamen.
Según lo que ha manifestado la ministra de Transporte, María Constanza García, el proyecto de valorización “no tiene reversa”, por lo que en marzo de 2025 se iniciará el recaudo.
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Muchas han sido las voces que se han unido para rechazar la implementación de este cobro y se ha visto reflejado en los recursos legales instaurados para frenarlo. Está la acción popular presentada por el senador Carlos Meisel ante el Tribunal Administrativo del Atlántico y las demandas interpuestas por los congresistas Mauricio Gómez y David Luna ante la Corte Constitucional.
De igual manera, están las demandas instauradas ante el Consejo de Estado –de manera independiente– por Intergremial Atlántico y Consejo Gremial Bolívar, el 9 de julio; la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), a través de la firma Aroca Vives Abogados, el 24 de julio; el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, el 31 de julio, y el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, el 29 de agosto.
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El senador Carlos Meisel se refirió al trámite de la acción popular en la que ha solicitado se impongan medidas cautelares que incluyen la suspensión o anulación del cobro de la valorización.
En reiteradas ocasiones ha señalado que el proyecto genera “afectaciones graves” por cuanto se “vulnera el derecho colectivo a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos”, así como también –en su formulación– se desconoció el principio de legalidad tributaria, debido a que – según dijo en su momento– hay un “vacío” en el desarrollo del método de distribución y cobro de este gravamen.
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“Nuestra demanda se encuentra surtiendo sus trámites. Nosotros estamos en un proceso de recolección de firmas para también anexarlas en sus etapas. También otras demandas de nulidad se han radicado y creo que, valiosas todas, vendrán muchas más. Todos los ciudadanos que sientan que se le están vulnerando derechos están en todo su derecho de intentar defenderlos”, expresó.
Indicó que este proyecto tiene “muchos problemas” debido a que “los avalúos comerciales son un abuso sin peritaje y la capacidad de pago de la gente no es real”. Además, precisó que no hay unos antecedentes claros sobre el valor comercial que han tenido los predios.
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“No tienen una línea base en el tiempo para pedir los supuestos incrementos de precios de los predios. Y muchos que no son ricos, como dice el presidente Petro, los van a clavar (sic). Eso es parte de los problemas. Es un abuso”.
Por su parte, el senador Mauricio Gómez si bien reconoció que el trámite de la demanda tomará su tiempo, cree que al menos uno de los recursos que vía jurídica se han interpuesto, prosperará.
“Los tiempos son de la Corte Constitucional absolutamente. Yo lo que creo es que hay muchas demandas, que no va a ser tan rápido, pero estoy seguro que una de esas demandas prosperará y parará ese adefesio de la de la valorización”, declaró.
El congresista fundamenta en su demanda violación de varios principios constitucionales, entre ellos, la irretroactividad de los tributos, la buena fe y confianza legítima de los ciudadanos, así como el principio de unidad de materia de la ley.
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Pide a la Corte declarar la inexequibilidad parcial del artículo 280 del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno del presidente Gustavo Petro, que “modifica las disposiciones relativas al cobro de la contribución nacional por valorización establecidas en el artículo 249 de la Ley 1819 de 2016”.
“La norma impugnada permite que dicho cobro se pueda efectuar hasta cinco años después del inicio de la ejecución del proyecto (…) esta valorización retroactiva es inconstitucional y representa un freno para el desarrollo de los departamentos afectados”, expuso Gómez en un comunicado.
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Agregó que a pesar de la finalización del contrato de construcción de la vía Barranquilla-Cartagena, más del 65 % de la vía sigue sin doble calzada, dejando 60 kilómetros en un estado “crítico”.
“Los ciudadanos ya soportan el pago de cinco peajes costosos en la ruta Barranquilla - Cartagena en una vía inconclusa de doble calzada, incluyendo el peaje antitécnico de Papiros”, apuntó el congresista sobre la carga económica adicional que tendrían que asumir las poblaciones con la implementación de la valorización.
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El magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cesar Lorduy, también ha calificado como “injusto” el cobro de este nuevo impuesto a las comunidades de Atlántico y Bolívar.
“La ciudadanía y los gremios acuden al Estado de Derecho y demandan con toda razón, el gravamen (valoración) injusto que se le quiere imponer a una gran parte de los habitantes del departamento del Atlántico y Bolívar”, escribió en su cuenta de X, anteriormente Twitter.
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En su publicación relacionó todas las demandas que se han presentado hasta el momento para frenar el cobro de la valorización.
Trámite tardaría años
Un abogado experto en este tema explicó a EL HERALDO que las demandas ante el Consejo de Estado son precisamente porque se pretende demandar actos administrativos expedidos por una autoridad de carácter nacional, que en este caso es el Instituto Nacional de Vías (Invías).
Indicó que muchas de esas demandas aparentemente deberían ser modificadas en sus argumentos como consecuencia de la modificación que hizo el Invías de las resoluciones en sus considerandos. Una de esas modificaciones tiene que ver con la exención para los predios habitacionales de los estratos 1, 2 y 3, así como a predios del orden rural que tengan condiciones precarias de subsistencia que se ubiquen en la zona de influencia.
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Sostuvo que el trámite de estos recursos legales se tomará no menos de cuatro años para resolverse debido a que ninguna demanda –hasta el momento– ha sido admitida por el Consejo de Estado para su estudio.
Significa –según dijo el experto– que si el cobro de valorización comienza, como todo indica en marzo, las personas no podrán negarse a pagar bajo el argumento de que el proyecto de valorización está demandado por injusto que pudiera parecer porque las resoluciones del Invías, para ese momento, aún estarán vigentes y son obligatorias.
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“Nos vamos a ver en la situación de que mucha gente va a tener que pagar y el que no pague puede suceder que el Invías adelante un proceso ejecutivo de cobro coactivo contra esas personas”, expuso.
Por otra parte, el experto señaló que en caso de que las personas hayan pagado y la demanda resulte a favor se puede presentar la situación de que estas mismas inicien un proceso para pedir la devolución del dinero. Dado el caso contrario, que la demanda resulte en contra, aquellos que no pagaron seguramente estarán obligados a pagar una gran cantidad de intereses.
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“El ciudadano está entre la incertidumbre de pagar y de no pagar, es decir, ante la posibilidad de éxito de una demanda creo que es un riesgo muy alto sobre todo si se trata de que posteriormente vayas a tener que pagar intereses”, mencionó.
Rechazo de la comunidad
Las poblaciones de los municipios en Atlántico, ubicados en la zona de influencia e incluidos dentro del cobro de valorización, han rechazado de manera reiterada la implementación de este proyecto por parte del Gobierno nacional.
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Cuestionaron el hecho de que se siga adelante con este gravamen, sin tener en cuenta –según afirmaron– las afectaciones que podría causar al desarrollo económico e industrial de los territorios.
Cabe recordar que, de acuerdo a la última resolución expedida por el Invías, un total de 54.454 predios de los municipios de Soledad, Malambo y Galapa fueron incluidos dentro del área que debe pagar valorización. Para el caso de Puerto Colombia, son más de 22 mil predios ubicados en 49 barrios, dos corregimientos y tres veredas.
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“Las demandas que se han radicado deben prosperar y declarar nulo ese cobro, porque una ley o norma no puede ser retroactiva”, manifestó Alberto Mario Forero, habitante del sector de Villa Campestre.
El ciudadano catalogó como una “sinvergüencería” del Gobierno nacional adelantar el cobro de este gravamen sin haber tenido en cuenta socializaciones con la comunidad, además de aplicarlo en una vía inconclusa.
