Los capturados, mediante panfletos y amenazas, hacían exigencias económicas a finqueros, agricultores y comerciantes a cambio de “dejarlos trabajar” y no atentar contra sus vidas.
De acuerdo con las autoridades, el cuerpo tenía las manos atadas a la espalda y un disparo en la cabeza.
Con una inversión de $2.700 millones, la infraestructura cuenta con oficinas de atención, vigilancia comunitaria, áreas de protección a infancia y zonas seguras de retención para personas.
Advirtieron que no prestarán sus servicios hasta que les respondan por sus pagos.
Las labores implicarán interrupciones del servicio en Barranquilla, Soledad Ponedera y el Centro Comercial Viva.