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El carro bomba de las Farc explotó en la Escuela Superior de Guerra el 19 de octubre de 2006.
Política

Militares heridos en ataque a Escuela de Guerra ya no son víctimas

Esta polémica decisión de la JEP, que calificó como “válido” el atentado con carro bomba en 2006, generó reacciones encontradas. 

Una fuerte polémica desató la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, de amnistiar a Marilú Ramírez Baquero, alias la Mata Hari, quien se infiltró en la Escuela Superior de Guerra para cometer el ataque que dejó 14 militares y 9 civiles heridos el pasado 19 de octubre de 2006.

La decisión de amnistía se basó en el hecho de que el tribunal de paz determinó que el atentado a la Escuela Superior de Guerra fue “un ataque militar válido conforme al Derecho Internacional Humanitario”, y por ende,  los militares que resultaron lesionados en este hecho “no ostentan la calidad de víctimas”.

Así 14 militares que habían sido reconocidos por la justicia ordinaria como víctimas del atentado a la Escuela Superior de Guerra, dejarán de serlo tras la decisión de la JEP.

En este sentido, la justicia especial explicó que su valoración fue distinta a la de la justicia ordinaria debido a que la decisión se sustentó en el DIH y no en el código penal.

“Otra es la valoración que resulta de un análisis de los hechos bajo el DIH, en el que la acción realizada, como concluyó la Sala, observó las reglas de conducción de las hostilidades. En consecuencia, bajo esta ley especial, los daños sufridos por el personal militar afectado no son productos de una violación al ordenamiento aplicable”, se lee en el fallo de la JEP.

No obstante, el tribunal de paz agregó que los daños sufridos de forma colateral por instituciones y personas civiles hacen que estas tengan la calidad de víctimas, “por cuanto ellas no eran parte del objetivo militar”.

De esta manera, la Sala de Amnistía determinó que se reconocerán como víctimas a 18 civiles y a la institución Universidad Militar Nueva Granada.

Tras el fallo de la JEP, se generó una fuerte polémica que se suma a los varios ‘choques’ que ha tenido la justicia ordinaria y la especial. Se volvieron a escuchar los mensajes que promueven la eliminicación de este órgano de justicia transicional, que se creó con el Acuerdo de Paz.

Militares apelan.  Tras el ‘reversazo’ de la JEP para con los militares que habían sido declarados víctimas y que ahora perderán tal reconocimiento, apelaron la decisión y expusieron varias razones para que la Jurisdicción Especial para la Paz califique la conducta de ‘Mata Hari’ como una grave infracción del Derecho Internacional Humanitario, y por ende, revoquen la amnistía que le concedieron.

El abogado que representa a los militares víctimas del atentado a la Escuela Superior de Guerra, Jhoan Sebastián Moreno, dijo que el 25 de febrero apelaron la decisión de la justicia transicional.

Moreno indicó que la Escuela Superior de Guerra, al ser un centro universitario vigilado por el Ministerio de Educación, es un bien protegido por el DIH. “No es ninguna base militar y el ataque promovido por las Farc no suponía, en ningún término, ventaja militar”, señaló el abogado.

De igual forma, Moreno agregó que un carro bomba es un medio de guerra prohibido por el DIH, ya que no se distingue a quien se puede matar.

Las reacciones por parte de congresistas y ciudadanos no se hicieron esperar, incluso, desde colectividades defensoras del Acuerdo de Paz, se fueron en contra del fallo de la JEP.

“Esto es inaceptable. Se confirma que la JEP es un tribunal de impunidad, diseñado para favorecer a las Farc. No se entiendo cómo da amnistía a la ‘Mata Hari’ y justifica el atroz ataque a la Escuela Superior de Guerra como un acto loable y válido. ¡Dolor de patria!”, ‘trinó’ la congresista del Centro Democrático Margarita Restrepo.

A su vez, su copartidaria María del Rosario Guerra, dijo: “Deplorable que la JEP valide actos demenciales y criminales para justificar a terroristas de Farc, librándolos de pagar condenas, ir a la cárcel y garantizar su impunidad. La justicia debe dar ejemplo frente a criminales”.

El jefe del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, volvió a pedir la elimninación de este tribunal de justicia transicional: “La JEP debe ser eliminada. Bastante lo dijimos en la campaña”.

Y el periodista Herbin Hoyos, que había hecho unza cruzada nacional sacó nuevamente su propuesta de hacer un referendo: “Para los que no creían que la JEP iba a ser una corte para absolver a las Farc, aquí tienen otra muestra. Así como vamos, la JEP va a declarar que todos los actos terroristas de las Farc contra población civil, pueblos y ciudades fueron válidos. Solución: Referendo 2020”.

Sin embargo, hubo mensajes que rechazaron la eliminación del tribunal de paz: “Quieren sacar a la ONU, eliminar la JEP, unificar las Cortes, volver a la seguridad democrática y acabar con la memoria histórica del conflicto”.

Otros como la representante a la Cámara, por Alianza Verde, Juanita Goebertus, rechazaron la decisión de la JEP pero no estuvieron desacuerdo con acabar con este órgano: “El fallo de la JEP sobre la ‘Mata Hari’ desconoce que el Acuerdo de Paz y la ley prohíben amnistías por crímenes de guerra. Un carro bomba en una escuela militar afecta a civiles y no constituye un objetivo militar lícito bajo el DIH. La solución no es acabarla, es apelar”.

Víctimas de secuestro rechazan versión de Farc ante la JEP
Ingrid Betancur en cautiverio

La excongresista Ingrid Betancur, quien estuvo en cautivero por 6 años y 4 meses, dirigió una carta a la JEP en la que denunció malos tratos, hambre constante, marchas sin compasión por el estado físico de los cautivos, el ser observados incluso al hacer sus necesidades físicas, ser objetos de burla e insultos de manera constante y la falta de comunicación con sus familiares durante el tiempo que estuvo en cautiverio por las Farc.  Así como ella, otras víctimas del caso 01, conocido como secuestro, entregaron 272 observaciones considerando que la extinta guerrilla no reconoce ni aporta la verdad suficiente sobre los sufrimientos en cautiverios. Otros de los temas que las víctimas reportaron fueron los casos de violencia sexual, que dicen haberse cometido en especial contra las mujeres.  Las víctimas pidieron a la Sala de Reconocimiento que se practiquen pruebas específicas en los casos en que los que las Farc no contestaron a preguntas, ya que consideran que estas son claves para aportar verdad en el caso de secuestro, y criticaron la “falta de compasión” de las Farc cuando se refieren a las víctimas, entre el pliegue de observaciones. Tras la carta de Betancur, se desató otra polémica por el término usado para referise al caso de secuestro. La JEP refirió que el término “retención ilegal” corresponde al usado por la Fiscalía y explicó que lo utiliza para “evitar acusaciones de prejuzgamiento”. Sin embargo, en su carta, Betancur cuestionó que no se utilice la palabra secuestro: “¿Acaso en una investigación por asesinato, por ejemplo, la justicia le cambiaría la denominación al delito refiriéndose a una investigación por suspensión de actividad física permanente mientras se condena al criminal?”.

En este mismo sentido, tras la polémica, los hijos del exministro y excanciller Fernando Araujo Perdomo, quien estuvo secuestrado 6 años, solicitaron a la JEP ser declarados víctimas de las Farc. Esto, tras la audiencia de la extinta guerrilla sobre este caso. “Las Farc no solo pretenden justificar uno de los más lesivos crímenes, sino que con desverguenza y cinismo pretenden desestimar sus catos cureles hacia sus víctimas, en este caso, hacia nuestro padres, aduciendo que le mantenían limpia la sábana”, señalaron.

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