En desarrollo de una acción preventiva, la Procuraduría Regional de Instrucción de La Guajira exhortó al alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez, a garantizar los derechos fundamentales de los miembros de la comunidad indígena wayuukazo, quienes fueron desalojados por orden judicial de un predio que ocupaban desde hace varios años.
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Según el ente de control, se deben proteger los derechos, especialmente de los niños, niñas y adolescentes que integran unas 45 familias de esta comunidad.
El procedimiento de desalojo se realizó el pasado 6 de marzo, en un terreno ubicado en la vía que une a la capital de La Guajira con Maicao, el cual era considerado por los indígenas wayuukazo como un terreno ancestral, pues según ellos, era habitado desde hace unos 50 años.
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'Nos despojaron de este predio donde llevamos más de 50 años y es territorio ancestral, habitado por niños, madres gestantes y adultos con discapacidad', sostuvo en su momento Yaneris Peñalver, habitante de Wayukaso.
Las autoridades habían socializado la medida impartida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Riohacha, en beneficio a un particular que argumentó que el terreno había sido invadido de manera irregular por parte de las comunidades étnicas.
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Ante esta situación, la Procuraduría, en desarrollo de una acción preventiva, pidió a la administración municipal adoptar las medidas de atención y protección de los integrantes de esa comunidad, especialmente niños, niñas y adolescentes, así como las personas de la tercera edad y madres gestantes, quienes hasta el momento no cuentan con un lugar apropiado para su reubicación.
'Se solicita a la administración municipal informar, además, si contaba con un plan previo establecido para atender y orientar a las 45 familias que fueron desalojadas, así como los lugares contemplados como posibles sitios transitorios donde puedan ubicarse', concluyó.
