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Aspecto exterior del centro penitenciario de Villavicencio, donde se registró el primer caso de COVID-19.
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Más de mil contagios y 713 excarcelaciones

Mientras que el Ejecutivo respalda el decreto, penalistas dicen que no ha funcionado. Ya son 1.288 casos de COVID-19 tras las rejas.

Mes y medio después de las primeras confirmaciones de coronavirus en las cárceles del país y de la emisión decreto de excarcelaciones del Gobierno para evitar la propagación del coronavirus tras las rejas, la medida, según varios penalistas, no ha funcionado. Para el Ejecutivo, en cambio, la situación está controlada.

El pasado viernes, en un debate de control político en la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado, el senador Eduardo Pacheco, del Partido Colombia Justa Libres, puso de presente los más recientes reportes oficiales de población carcelaria: “Al 26 de mayo, las cárceles colombianas tienen una capacidad de 80.928 internos, la población es de 113.816, es decir una sobrepoblación de 32.888 y un hacinamiento del 40,64%”.

El total de contagios tras las rejas, indicó, son 1.288, en ocho cárceles del país: Villavicencio, 877; Cartagena, 237; Leticia, 143; Ibagué, 13; La Picota de Bogotá, 0 (se recuperó el único caso); Florencia, 8; Guaduas, Cundinamarca, 1; Barranquilla, 8 y Santa Marta, 1 (Se recuperaron 2).

755 en Villavicencio

El coronel Miguel Rodríguez Londoño, director de la Cárcel de Villavicencio, precisó que en el establecimiento penal hay 1.650 internos, de los cuales 980 son sindicados y 670 condenados.

“A la fecha se registran 755 casos positivos por coronavirus, y ya están recuperados el resto o están en libertad y/o prisión domiciliaria, y no tenemos a nadie en UCI”, dijo.

Además, añadió, se cuentan 36 funcionarios infectados y solo quedan siete por pruebas para saber si son positivos o negativos para la COVID-19.

“Considerando que el 6 de junio estas personas cumplirían un mes sin síntomas, si todo se mantiene como hasta hoy, el 7 de junio podríamos declarar el establecimiento como libre del virus”, afirmó.

10 mil presos menos

La ministra de Justicia, Margarita Cabello, aseveró que a día de hoy “hay 10 mil privados de la libertad menos en los centros carcelarios”.

Explicó que gracias a la aplicación del Decreto 546 de 2020, los privados de la libertad han bajado de 124 mil a 113 mil en los establecimientos de reclusión del país.

Según fuentes del Inpec, esto se da también por las salidas de prisión que dicta la justicia ordinaria, que se dan la mayoría por pena cumplida y por la aplicación del beneficio de la medida domiciliaria. Además, la población carcelaria ha bajado porque no están entrando privados de la libertad a los penales en estos días de pandemia.

Por el decreto, en rigor, el Inpec reporta 4.366 solicitudes de libertad, 569 aceptadas, 1.473 negadas, 2.324 en trámite y 713 privados de la libertad excarcelados.

“Solo tenemos contagios en seis penales, pero nos angustiamos todos los días, todas las mañanas nos contactamos para pensar en lo que viene, pero tenemos relativamente controlada esta problemática”, concluyó la jefa de la cartera judicial en el debate.

Otros 9.512 podrían salir

El director del Inpec, general Norberto Mujica, expuso que actualmente hay 33 cárceles con más de mil privados de la libertad y 17 cárceles con entre 500 y 999 presos.

“Tenemos que trabajar en 82 establecimientos con menos de 499 privados de la libertad y en más de 50 cárceles con menos de 50 presos”, indicó.

Y anunció, finalmente, que hay 9.512 internos que ya cumplieron las tres quintas partes de su condena: “Vamos a enviar sus expedientes para que los jueces tomen la decisión”.

Menos exclusiones

El penalista Iván Cancino le dijo a EL HERALDO que las excarcelaciones “no han funcionado ni siquiera con la limitante del decreto del Ministerio de Justicia. Se esperaban 4 mil excarcelaciones, que era muy poco para el universo de personas que pueden estar afectadas, y no se ha logrado casi que ni el 20% de esas excarcelaciones. Por el contrario, hemos visto una parálisis muy fuerte en los jueces de ejecución de penas y en el Ministerio”.

Coincide el jurista Alirio Uribe en diálogo con este diario: “Ese decreto no cumple los requisitos ni la finalidad para la cual fue expedido. Han salido apenas 600 presos de las cárceles. Siguen con un hacinamiento de casi 50 mil presos, la COVID-19 se ha presentado en muchas cárceles del país y este decreto no resuelve nada”.

A su vez, el especialista en derecho penal, Francisco Bernate, señala a este medio que “la situación en las cárceles sigue siendo cada vez más dramática. Solo un poco más de 600 colombianos han podido acceder a la detención domiciliaria temporal, en su mayoría personas que han cumplido más del 40% de la condena, pero en el caso de la población verdaderamente vulnerable, como son los mayores de edad o los enfermos, siguen estando en las prisiones”.

Para Cancino “la ministra tiene las mejores intenciones, es una garantista, pero espero que de aquí a menos de un mes se expida otra decreto mucho más amplio y con menos exclusiones, y dando muchas más facultades y obligaciones a los jueces de ejecución de penas. Esperamos una respuesta más contundente y sé que la ministra lo hará”.

Uribe explica que acudió a la Corte Constitucional, precisamente, “pidiendo que no se exceptúen de ese beneficio delitos como el hurto o el microtráfico, que son los delitos por los cuales hay más personas en las cárceles, a ver si es posible que haya una descongestión real, porque incluso tiene  más exclusiones el decreto que la norma ordinaria para efectos de conceder detenciones domiciliarias”.

Y Bernate advierte que toda esta situación “ya será un tema a analizar cuando se juzguen las responsabilidades de los diferentes intervinientes estatales dentro de este proceso, y su forma como manejaron la situación: Nunca se atendieron las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Unicef, no se tuvo en cuenta la situación de militares, niños, indígenas, enfermos mentales, que están internos en las cárceles colombianas. De manera que es un tratamiento inhumano y vergonzoso”.

En Barranquilla

La Secretaría de Salud del Distrito de Barranquilla adelanta un cerco epidemiológico al interior de la cárcel El Bosque, luego de que a principios del mes de mayo se confirmara que un interno de 26 años estaba contagiado con COVID-19.

La vigilancia en este plantel carcelario se adelanta para evitar más contagios, teniendo en cuenta las dinámicas de ingreso y salida de los guardianes. Esta estrategia se adelanta para cerrar el cerco epidemiológico de la enfermedad en el centro penitenciario.

Asimismo, Humberto Mendoza, secretario de Salud del Distrito, explicó que en la vecina Penitenciaría El Bosque se identificaron nueve casos, los cuales se encuentran en “atención, aislamiento y seguimiento de contacto”.

El funcionario indicó que hacen seguimiento a los protocolos del Inpec, que se centran en aislar a los pacientes, identificar los grupos de riesgo, garantizar el distanciamiento físico y garantizar también los elementos de protección personal en los casos positivos.

Cuatro muertos por coronavirus

La viceministra de Protección Social, María Andrea Godoy, agregó que también al 26 de mayo, había entre el total de afectados, 96 contagios entre el personal de seguridad y administrativo de las cárceles, tres casos en el personal de salud, tres hospitalizados en Cartagena y cuatro muertes: dos en Villavicencio, una en Leticia y una en Cartagena. Todas las víctimas mortales en el rango de edad de entre los 62 y 81 años.

Señaló además que el 35% de los contagiados tras las rejas están entre los 18 y 28 años; el 62% entre los 29 y los 60; y el 2,5% tiene más de 60 años. Se han aplicado, afirmó, 3.430 pruebas, de las cuales 2.290 han resultado negativas y se está esperando el resultado de 43 pruebas.

127 mil tapabocas

La saliente directora (e) de la Uspec, Lissette Cervantes, reportó en la plenaria del Senado del pasado jueves las medidas adoptadas por el Gobierno para atender la situación por la COVID-19 al interior de los centros penitenciarios del país.

La entidad, dijo, ha entregado 64 mil litros de jabón, 67 mil de gel antibacterial, 300 unidades de termómetros infrarrojos, 358 mil unidades de guantes y 127 mil unidades de tapabocas. Y para el personal de salud se han puesto a disposición 390 trajes de protección y 29 mil gorros desechables

Cervantes renunció esta semana a su cargo interino en la entidad argumentando razones personales, y en su reemplazo, de manera provisional, fue designado el actual viceministro de Política Criminal, Javier Augusto Sarmiento.

Reportan caso de coronavirus en un funcionario de cárcel de Santa Marta

Luego que el 29 de mayo la Secretaría de Salud de Santa Marta fuese informada de un positivo por COVID 19 en un funcionario administrativo del INPEC, en la cárcel Distrital, la entidad, mediante protocolo de trazabilidad, confirmó la información.

Reportó que “el mismo día se realizó la investigación epidemiológica de campo, encontrándose que este funcionario tuvo contacto con toda la guardia y otros compañeros”.

Por lo anterior, se solicitó caracterización de todo el personal que labora en el establecimiento penitenciario y de la población privada de la libertad recluida.

También aislamiento preventivo inmediato para toda la guardia actual y realizar de manera inmediata pruebas diagnósticas y rápidas para toda la guardia y demás funcionarios con los que tuvo contacto.

A mediados de este mes el Instituto Nacional de Salud, INS, reportó que dos presos asintomáticos estaban contagiados, por lo que fueron aislados.

Tiempo después el Inpec informó que las nuevas pruebas a los dos reclusos fueron negativas.

Hace 10 días con el fin de prevenir y diagnosticar oportunamente casos de COVID 19, la Alcaldía efectuó una jornada de toma de muestras a 39 internos de la cárcel ‘Rodrigo de Bastidas’ y de sensibilización al 100% de la población privada de la libertad.

También se les realizaron charlas acerca de la patología.

La toma de las pruebas para el coronavirus se discriminó 7 para mujeres y 32 para hombres, en los diferentes patios del penal, previamente tamizados y con criterio para toma de muestras.

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