El Consejo de Estado determinó que el presidente Gustavo Petro vulneró las normas de garantías electorales y le ordenó abstenerse de divulgar contenido con carácter de propaganda política. La decisión del alto tribunal dejó sin efectos un fallo emitido previamente por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
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La decisión del Consejo de Estado se conoce en medio de un panorama político marcado por las investigaciones que enfrenta el mandatario en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Actualmente, el presidente Gustavo Petro tiene 10 procesos relacionados con una presunta participación indebida en política.
Al analizar las actuaciones del mandatario, la Sección Quinta concluyó que hubo “el incumplimiento por parte del presidente de la República, de lo establecido en el numeral 2 del artículo 38 de la Ley 996 de 2005″, normativa que prohíbe la participación en actividades de carácter electoral por parte de servidores públicos.
Asimismo, el alto tribunal también recordó que “el presidente de la República es un servidor público, de elección popular”, razón por la cual debe acatar las restricciones contempladas en la ley de garantías electorales.
La decisión judicial también coincide con la gira que adelanta el jefe de Estado por distintos departamentos de la región Caribe, donde en varias intervenciones públicas ha hecho referencia al panorama electoral y a la primera vuelta presidencial.
La acción judicial que dio origen al fallo fue presentada por la Fundación para el Estado de Derecho (Fede Colombia), organización que argumentó que el presidente y el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) habrían difundido de forma reiterada mensajes con contenido político y electoral a través de redes sociales y canales oficiales.
Según la demanda, desde cuentas personales y espacios institucionales se habrían emitido publicaciones y pronunciamientos en respaldo de sectores políticos afines y en contra de partidos y candidatos de oposición.
Finalmente, en la decisión, el Consejo de Estado concluyó que “en algunas de sus intervenciones públicas y mensajes transmitidos a través de la plataforma X y YouTube, el presidente de la República ha incumplido la prohibición establecida en la norma y ha difundido propaganda electoral a favor de un partido político, a través de publicaciones y en escenarios públicos, en su condición de servidor público”.
