Un profundo rechazo institucional se generó en el departamento del Tolima tras confirmarse el fallecimiento de una bebé de seis meses de edad en el municipio de El Espinal, quien se encontraba bajo estricta atención médica luego de haber sido víctima de violencia sexual.
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El trágico desenlace de la menor de edad, registrado este miércoles 27 de mayo, motivó un urgente y enérgico pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo, entidad que condenó la agresión y demandó una intervención judicial inmediata y prioritaria.
La gravedad del caso provocó una reacción directa del organismo de control, el cual expresó su indignación y dolor ante lo sucedido en el centro-oeste del país. A través de un comunicado oficial emitido bajo su canal institucional, la entidad enfatizó el impacto de la agresión y señaló que “la muerte de la menor de edad, quien permanecía bajo atención médica en el Hospital San Rafael, es dolorosa, indignante y materializa una grave vulneración de los derechos de la infancia”.
Frente a este escenario, la Defensoría insistió en que proteger a los menores de edad debe consolidarse como una prioridad absoluta en cualquier tipo de entorno. Asimismo, recordó la inadmisibilidad de estos actos delictivos al precisar que “toda forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes es inadmisible”, por lo que las acciones institucionales deben orientarse sin dilaciones a garantizar entornos completamente seguros.
Defensoría solicita celeridad a la Fiscalía para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables
Con el objetivo de evitar que el caso quede en la impunidad, el defensor del pueblo extendió una solicitud formal a la Fiscalía General de la Nación y a las distintas autoridades competentes que operan en el territorio. La petición exige avanzar con la mayor prontitud y diligencia posible en las investigaciones correspondientes para asegurar el completo esclarecimiento de lo ocurrido en El Espinal.
La entidad defensora de derechos humanos recalcó la gravedad extrema que reviste este tipo de agresiones físicas y psicológicas en el país. En su declaración oficial, la institución fue enfática al manifestar que la violencia sexual “es una forma de tortura de la que ningún ser humano debería ser víctima y menos ninguna niña, niño o adolescente”.
Por este motivo, demandaron la adopción urgente de las medidas legales pertinentes para capturar y sancionar con todo el peso de la ley a las personas involucradas en el crimen.
Un llamado a fortalecer las rutas de prevención frente a amenazas de riesgo contra la infancia y adolescencia
Más allá de las acciones penales que ya se encuentran en curso, la Defensoría del Pueblo anunció que mantendrá un monitoreo riguroso y constante sobre el avance de las indagaciones judiciales.
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De igual manera, confirmaron el despliegue de medidas especiales de protección, seguimiento y acompañamiento directo para el núcleo familiar de la bebé fallecida, bajo la premisa indiscutible de que los derechos de los niños y las niñas prevalecen ante cualquier circunstancia y deben guiar la actuación de cada institución estatal.
Finalmente, el organismo formuló un llamado generalizado que involucra tanto a las entidades públicas como a la sociedad civil del Tolima. El llamado insta a los gobiernos locales, comunidades, familias y centros educativos a mantener un rol activo en la prevención mediante la activación oportuna de alertas tempranas ante cualquier indicio de vulneración.
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Del mismo modo, se instó a robustecer las rutas de atención interinstitucional en el territorio con el propósito de mitigar los riesgos y asegurar un ambiente seguro para toda la infancia de la región.
