Desde el departamento de Córdoba, el más impactado por el frente frío del pasado mes de febrero, los 25 alcaldes de los municipios afectados en representación de otras poblaciones del Caribe en igual condiciones por el fenómeno climático atípico, le pidieron a la Corte Constitucional mantener los decretos de emergencia.
Los mandatarios firmaron este miércoles 29 de abril una comunicación en la que le piden a los magistrados de la Corte Constitucional una audiencia en la que los puedan escuchar y luego evalúen los decretos de Emergencia Económica, Social y Ecológica expedidos por el presidente Gustavo Petro con criterio técnico.
Reiteraron los alcaldes, en una mesa de trabajo en la que estuvo presente el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo Arenas, que los decretos de emergencia garantizan las acciones de recuperación en sus territorios.
Hugo Armando Pinedo Contreras, alcalde del municipio de Ayapel y vocero de los demás mandatarios, advirtió que una eventual anulación de estos decretos afectaría gravemente la capacidad institucional y las inversiones necesarias para responder a la crisis humanitaria que impacta a más de 120 mil familias en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Chocó, Bolívar, Cesar y Magdalena.
Por su parte el alcalde del municipio de Tierralta, Jesús David Contreras, sostuvo que la recuperación de su territorio, por ejemplo, tiene un valor cercano a un billón de pesos. “Esos recursos no los tiene ni el municipio, ni el departamento, ni siquiera el Gobierno; solo podrían obtenerse a través del decreto de emergencia”.
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A su turno el mandatario de La Gloria, Cesar, Fermín Cruz Quintero, quien hizo un recorrido de 7 horas para estar en la reunión en Montería, destacó la importancia de esta “porque entendemos la relevancia del decreto de emergencia para los municipios del Caribe afectados por el frente frío. Como municipalidad no tenemos la capacidad de atender de manera autónoma las situaciones que enfrentan nuestras comunidades ni de contar con los recursos necesarios”.
En respaldo a este llamado, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo, señaló que los decretos están debidamente sustentados y responden a un fenómeno climático imprevisible y sobreviniente.
“La única razón por la que la Corte Constitucional podría tumbar el decreto de emergencia económica sería política y no basada en argumentos técnicos. La decisión está debidamente sustentada y obedece a un fenómeno climático atípico que afectó a más de 120 mil familias en el Caribe colombiano”, afirmó Carlos Carrillo.
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El llamado unánime de los alcaldes a la Corte Constitucional se da durante la construcción del Plan de Recuperación Temprana, liderado por la UNGRD, que orientará la inversión de $8,7 billones destinados a superar la emergencia y sentar las bases de una recuperación sostenible en los territorios afectados.
La fase de recuperación temprana está proyectada para un período de hasta dos años y busca garantizar derechos básicos a la población damnificada, como vivienda digna, acceso a agua potable, salud, educación, seguridad alimentaria, infraestructura, obras de mitigación del riesgo y recuperación de suelos.
