La Procuraduría General de la Nación ha solicitado a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que se decreten nuevas pruebas en el macrocaso N°4, en el que se investiga la situación del Fondo Ganadero de Córdoba, FGC, respecto a la situación territorial de Urabá.
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La solicitud se debe a que la Procuraduría considera que existen contradicciones en los relatos de los miembros de la junta directiva que han sido escuchados hasta ahora, lo que impide alcanzar una comprensión coherente de lo ocurrido dentro del FGC.
Entre las pruebas solicitadas por la Procuraduría se encuentran la citación de Sor Teresa Gómez para que los comparecientes puedan referirse a las 'inculpaciones' o 'favorecimientos' que presentó en su declaración, así como la declaración de los socios y comisionistas de Sor Teresa Gómez, Guido Vargas, alias Camisa Verde, y Marcos Furnieles.
También se ha pedido que se llame a declarar al gerente de Reforestadora Industrial de Antioquia, RIA, Gonzalo Bernal Pérez, y a la coordinadora del programa Familias Guardabosques, Victoria Eugenia Restrepo Uribe, entre otros.
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'Se considera que estas nuevas pruebas son necesarias para aclarar los detalles del desplazamiento de las personas de la región de Tulapas, el despojo de tierras, los parámetros de negociación de los predios, la forma de pago y titulación, y el relacionamiento con miembros de la Junta Directiva del Fondo', indicó la Procuraduría.
Además, se busca aclarar el papel del Incora en la legalización de predios en la región de Tulapas y las circunstancias por las que la jefe jurídica del Incoder, María Inés Cadavid, terminó trabajando para el FGC.
'La solicitud de la Procuraduría busca alcanzar una comprensión coherente de lo ocurrido dentro del FGC y es un paso más en la búsqueda de la verdad y la justicia en este caso. La JEP será la encargada de analizar y decidir si se practican las pruebas solicitadas', concluyó.
