Cuando una persona o empresa en Colombia deja de cumplir con sus obligaciones financieras de manera constante, puede acogerse al proceso de insolvencia, una herramienta legal diseñada para negociar pagos y evitar procesos judiciales mientras reorganiza su situación económica.
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La normativa aplica tanto para personas naturales como jurídicas y busca facilitar acuerdos entre el deudor y sus acreedores.
¿Qué sucede después de declararse en insolvencia?
Una vez se inicia el proceso, el deudor adquiere varias restricciones legales mientras avanza la negociación de las obligaciones pendientes.
Entre las principales medidas está la suspensión de procesos ejecutivos y embargos, lo que impide que los acreedores continúen acciones de cobro mientras dure el trámite.
Además, la persona no podrá adquirir nuevas deudas sin autorización judicial o de la Superintendencia de Sociedades.
La ley también prohíbe vender, transferir o disponer libremente de bienes sin aprobación previa, con el objetivo de proteger el patrimonio frente a los acreedores involucrados en el proceso.
Otro de los puntos clave es que el deudor no puede realizar pagos preferenciales a determinados acreedores dejando por fuera a otros. Cualquier pago debe ser autorizado dentro del procedimiento legal.
¿Cuándo una persona entra en estado de insolvencia?
Según la Ley 564 de 2024, una persona es considerada insolvente cuando acumula dos o más obligaciones vencidas con diferentes acreedores durante más de 90 días.
También aplica si enfrenta al menos dos procesos de cobro o demandas ejecutivas simultáneamente.
Para que proceda el mecanismo, esas deudas deben representar mínimo el 50 % del total de obligaciones económicas que tenga el deudor.
Durante el proceso de insolvencia, la persona debe informar cualquier cambio importante relacionado con su situación económica.
Esto incluye ingresos inesperados, adquisición de bienes o cualquier modificación patrimonial que pueda afectar la negociación con los acreedores.
¿Cuántas veces puede solicitar la insolvencia?
La legislación colombiana no fija un límite máximo para acogerse a este procedimiento, aunque sí establece tiempos mínimos entre un proceso y otro.
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El artículo 574 de la Ley 564 de 2024 señala que quien cumpla un acuerdo de pago deberá esperar cinco años para volver a solicitar un nuevo trámite de insolvencia.
Sin embargo, existen excepciones relacionadas con procesos de liquidación y obligaciones naturales. En esos casos, el tiempo de espera aumenta a diez años desde la providencia de adjudicación correspondiente.
