La Superintendencia de Transporte inició una investigación administrativa contra 37 organismos de tránsito en distintas regiones del país por posibles irregularidades relacionadas con la operación de sistemas automáticos de detección de infracciones, conocidos como fotomultas.
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La medida tendría un fuerte impacto a nivel nacional, ya que cerca de 5,8 millones de comparendos perderían validez y tendrían que ser revocados de oficio. Además, más de 1,5 millones de sanciones ya canceladas podrían derivar en devoluciones que superarían los $1,05 billones para los ciudadanos afectados.
Asimismo, las inconsistencias estarían relacionadas con el incumplimiento de requisitos técnicos exigidos en la Ley 2251 de 2022 y la Resolución 718 del Ministerio de Transporte. Entre las principales fallas detectadas está la falta del concepto de desempeño emitido por el Instituto Nacional de Metrología, documento obligatorio para garantizar la legalidad y confiabilidad de estos sistemas de fotodetección.
Dentro de los organismos investigados figuran autoridades de tránsito de ciudades como Barranquilla, Soledad, Cartagena, Medellín, Cali, Bogotá, Villavicencio, Bucaramanga, Valledupar, Montería, Sincelejo, Sabaneta y Villa del Rosario.
Las averiguaciones permitieron establecer que 12 organismos comenzaron a operar sin contar con el concepto técnico requerido, siete utilizaron conceptos expedidos a terceros y otros 18 obtuvieron la certificación después de haber puesto en funcionamiento los sistemas.
Por otro lado, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, aseguró que “hoy el Gobierno Nacional le dice al país que las fotomultas no pueden convertirse en un mecanismo de recaudo por fuera de la ley. Cuando no se cumplen los requisitos técnicos y legales, los ciudadanos no pueden ser los que paguen las consecuencias. Aquí estamos protegiendo el debido proceso y los derechos de millones de colombianos”.
Asimismo, la Superintendencia de Transporte señaló que los organismos bajo investigación impusieron más de 7,5 millones de comparendos mediante estos sistemas tecnológicos. De ese total, 1.582.398 ya fueron pagados por conductores, generando recaudos superiores a $1,05 billones.
De comprobarse las irregularidades, las autoridades involucradas podrían verse obligadas no solo a devolver esos recursos, sino también a asumir sanciones equivalentes al doble de lo recaudado, cifra que superaría los $2,1 billones, tal como lo contempla la Ley 2251 de 2022.
Entre las ciudades con mayor número de comparendos detectados aparecen Barranquilla, con más de 131 mil infracciones registradas, Cali, con 2,7 millones; Medellín, con más de 717 mil; y Bogotá, con cerca de 294 mil.
Asimismo, 5.832.906 comparendos quedarían sin efecto y tendrían que ser anulados por las autoridades de tránsito correspondientes, lo que beneficiaría a más de 1,4 millones de ciudadanos.
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Finalmente, Alfredo Piñeros, superintendente de Transporte, indicó que estas acciones buscan fortalecer la confianza de la ciudadanía y garantizar el respeto por el debido proceso.
“No estamos actuando contra la seguridad vial. Estamos actuando contra posibles irregularidades que afectan la legalidad y la confianza ciudadana. Ninguna cámara de fotodetección puede operar sin cumplir los requisitos técnicos y jurídicos exigidos por la ley”.
