La Superintendencia de Transporte y el Ministerio de Transporte iniciaron una investigación administrativa contra 37 organismos de tránsito en el país por presuntas irregularidades en la operación de sistemas automáticos de detección de infracciones de tránsito (SAST), conocidos como fotomultas.
La ministra de Transporte, Mafe Rojas, aseguró que esta actuación marca un precedente histórico en defensa de los ciudadanos y la legalidad.
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“Hoy el Gobierno Nacional le dice al país que las fotomultas no pueden convertirse en un mecanismo de recaudo por fuera de la ley. Cuando no se cumplen los requisitos técnicos y legales, los ciudadanos no pueden ser los que paguen las consecuencias. Aquí estamos protegiendo el debido proceso y los derechos de millones de colombianos”, afirmó la ministra.
En detalle, la Superintendencia identificó posibles incumplimientos en los requisitos técnicos obligatorios establecidos en la Ley 2251 de 2022 y la Resolución 718 del Ministerio de Transporte, especialmente relacionados con la ausencia del concepto de desempeño expedido por el Instituto Nacional de Metrología, requisito indispensable para garantizar la confiabilidad y legalidad de estos sistemas.
Durante la investigación se hallaron que 12 organismos de tránsito iniciaron operación sin contar con concepto de desempeño; 7 organismos operaron con conceptos expedidos a terceros, mientras que 18 organismos obtuvieron los conceptos técnicos después de haber iniciado la operación de los sistemas.
Entre los organismos investigados aparecen autoridades de tránsito de ciudades y municipios como Medellín, Cali, Bogotá, Barranquilla, Villavicencio, Cartagena, Bucaramanga, Valledupar, Montería, Sincelejo, Soledad, Sabaneta y Villa del Rosario, entre otros.
Asimismo, la Superintendencia de Transporte conoció que los organismos investigados impusieron más de 7,5 millones de comparendos mediante estos sistemas tecnológicos.
De ellos, 1.582.398 ya fueron pagados por ciudadanos colombianos y representan recaudos superiores a $1,05 billones.
En consecuencia, las autoridades investigadas podrían verse obligadas a devolver estos recursos y además enfrentar sanciones equivalentes al doble de lo recaudado, lo que superaría los $2,1 billones, conforme a lo establecido en la Ley 2251 de 2022.
Los organismos con mayores cifras de comparendos detectados dentro de la investigación son Cali, con 2,7 millones de comparendos; Medellín, más de 717 mil comparendos; Bogotá, con cerca de 294 mil comparendos, y Barranquilla con más de 131 mil comparendos.
El órgano de control aseguró que los 5.832.906 comparendos que aún no han sido pagados quedarán sin validez y deberán ser revocados de oficio por las autoridades de tránsito correspondientes, lo que beneficiaría a más de 1,4 millones de ciudadanos.
