BOGOTÁ. La defensora del pueblo, Iris Marín, advirtió este jueves que las tutelas para invocar la protección del derecho a la salud tuvieron un aumento cercano al 18 % en el país.
Indicó en este sentido que en 2024 se presentaron más de 265.000 recursos de este tipo, y en 2025 la cifra subió a cerca de 312.500.
Además, señaló la funcionaria, hoy el 34 % de estas acciones en Colombia buscan proteger este derecho, lo que muestra que aún existen barreras estructurales.
“Las personas siguen acudiendo a la justicia como única vía para acceder a servicios, medicamentos y tratamientos. Es por ello que, como llamado de la Defensoría del Pueblo, se hace necesaria una reforma estructural al sistema”, expuso la jefa de la entidad del Ministerio Público.
Marín presentó el informe en la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2026 (FILBo): “Queremos aportar una mirada técnica, rigurosa y propositiva para resolver las problemáticas que afectan a la población. Hemos advertido la urgencia de garantizar el acceso a medicamentos y citas, especialmente en zonas rurales, y de avanzar en una reforma a la salud que preserve los logros del sistema, pero que enfrente sus desafíos con una transición responsable. En este contexto, la tutela sigue siendo una herramienta fundamental para proteger el derecho a la salud”.
“La salud no puede seguir dependiendo de la judicialización. Un sistema que obliga a la ciudadanía a acudir masivamente a la tutela evidencia fallas en su capacidad de respuesta, en la garantía de la oportunidad y en la continuidad de la atención. La alta tasa de concesión de estas acciones, cercana al 74,3 %, demuestra que en la mayoría de los casos existe una vulneración real de derechos”, añadió la defensora.
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La funcionaria hizo un llamado a darle una mirada de rigor a las profundas desigualdades territoriales y sociales que revelan este fenómeno, ya que mientras en algunas regiones se concentra un alto número de tutelas, en los territorios con mayores niveles de pobreza la baja judicialización no refleja una mejor situación, sino mayores barreras para acceder a servicios en salud y a la justicia.
Precisó Marín Ortiz que las enfermedades del sistema circulatorio lideran las tutelas (12,2 %), les siguen las afecciones osteomusculares, neurológicas y endocrinas. La hipertensión es el diagnóstico más frecuente. También se evidencia una presencia relevante de trastornos mentales como ansiedad, autismo y depresión.
Y anotó que las enfermedades de mayor complejidad —como cáncer, patologías neurológicas graves y epilepsia severa— están sobrerrepresentadas en las tutelas. Además, el costo de estos casos es, en promedio, 20 % superior al de la atención general, lo cual refleja mayores barreras de acceso para condiciones de alta complejidad.
“El informe evidencia una relación inversa entre pobreza y judicialización. Departamentos con altos niveles de pobreza, como Vichada, La Guajira y Chocó, registran las tasas más bajas de tutelas. En contraste, regiones con menor pobreza dan cuenta de tasas significativamente más altas. Este comportamiento sugiere que las poblaciones más vulnerables enfrentan una doble exclusión: dificultades para acceder tanto a los servicios de salud como a la justicia. La baja judicialización en estos territorios no refleja mejores condiciones, sino mayores barreras estructurales”, dijo.
Finalmente, explicó la defensora que el 39,57 % de las tutelas en salud corresponde a sujetos de especial protección constitucional. Entre ellos están personas con discapacidad (15,37 %), adultos mayores (24,65 %) y personas con enfermedades graves (35,30 %). Y las personas privadas de la libertad tienen las tasas más altas de judicialización, evidenciando graves fallas en la atención en el sistema penitenciario.
