El pasado jueves 16 de abril, un grupo de ciudadanos presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) una solicitud formal de medidas cautelares en favor de los usuarios del sistema de salud en Colombia.
Dentro de la medida, se advierte una situación de extrema gravedad, urgencia y “riesgo de daño irreparable derivada de las intervenciones estatales” realizadas sobre múltiples Entidades Promotoras de Salud (EPS) y los presuntos malos manejos de varios agentes interventores designados por el Estado.
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La petición, presentada por un grupo de defensores de derechos humanos liderado por el abogado y escritor colombiano Oscar Borja, sostiene que millones de pacientes en todo el país estarían siendo afectados por decisiones administrativas.
Borja señaló que: “el remedio salió peor que la enfermedad. Ante esa situación y ante los hechos que están generando, yo tomé la iniciativa de irme para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitando una medida cautelar y decirle que suspenda las intervenciones a las EPS, porque a las puertas de unas elecciones presidenciales van a saquear la plata de la salud”.
Según la solicitud presentada, entre los potenciales beneficiarios se encuentran más de 20 millones de afiliados a las EPS intervenidas o en riesgo de liquidación, entre ellas algunas de las más grandes del país.
Además, se alerta que los más afectados serían pacientes con enfermedades de alto costo, personas mayores, niños, niñas y usuarios con tratamientos permanentes contra el cáncer, VIH, insuficiencia renal, insuficiencia cardiaca, enfermedades cardiovasculares y enfermedades crónicas, entre otras.
El defensor de derechos humanos manifestó que espera un pronunciamiento en muy poco tiempo, ante la urgencia de la situación por la que atraviesa la ciudadanía.
“Debe ser inmediato. Yo creo que la Comisión Interamericana está para defender los derechos humanos de todos los estados y de todos los ciudadanos. Entonces, tiene que ser rápido, tiene que ser en en un en un par de días, en una semana”.
La petición también sostiene que, tras el hundimiento de la reforma a la salud en el Congreso, las intervenciones masivas podría estar siendo utilizadas como una vía de hecho para imponer cambios estructurales al sistema sin aprobación legislativa, generando inseguridad jurídica y afectación directa a los derechos fundamentales de la población usuaria.
Entre las principales medidas solicitadas al organismo internacional se encuentran: Suspender liquidaciones de EPS que comprometan la continuidad del servicio, revisar y detener intervenciones que hayan agravado la crisis.
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Así mismo, se pide garantizar entrega inmediata de medicamentos y continuidad de tratamientos, implementar controles independientes y transparentes sobre recursos de la salud, proteger especialmente a pacientes de alto riesgo, niños y adultos mayores, solicitar acompañamiento internacional de organismos técnicos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Naciones Unidas.
