La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió el recurso de apelación interpuesto por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en relación con la enajenación del predio rural llamado La América, ubicado en Chimichagua, Cesar. En esta decisión se declaró la nulidad de la decisión adoptada por un Magistrado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla.
En su decisión, la Corte Suprema de Justicia reafirmó que los bienes y las medidas cautelares impuestas a los mismos en el marco de la Ley de Justicia y Paz, tienen una causa y destinación exclusiva: garantizar la reparación judicial de las víctimas del conflicto armado.
En este caso, la justicia le negó las pretensiones a Hugues Manuel Fuentes, conocido como ‘Comandante Barbie’, quien tiene interés en el predio. Se trata de un ganadero que estuvo detenido en Estados Unidos por narcotráfico y quien tiene una condena en contra por concierto para delinquir por promover grupos armados.
La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas destaca que este pronunciamiento respalda su misión constitucional de administrar, conservar y monetizar los bienes entregados por la justicia transicional, asegurando que los recursos derivados de ellos se destinen a cumplir las condenas patrimoniales en favor de las víctimas.
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Así, la Corte Suprema de Justicia indica que la venta de la denominada finca La América se realizó en un marco de legalidad amparada por el Plan Nacional de Desarrollo “Colombia, Potencia Mundial de la Vida” en la búsqueda de garantizar la indemnización de las víctimas del conflicto armado, en la presunción de legalidad de los actos administrativos emanados de la Unidad para las Víctimas y de los contratos celebrados con la Agencia Nacional de Tierras, así como avanzar en la democratización de la propiedad rural.
