La millonaria feria de contratos con la salud de los indígenas

Desde el pago de facturas de teléfonos celulares hasta el transporte de pacientes inexistentes, sirvieron, de acuerdo con la Fiscalía, para que el ex gerente de la EPS Dusakawi Enoc Clavijo y el contratista Hernán Osorio desviaran $3.905 millones de la salud destinados a los pueblos indígenas del Cesar, Magdalena y La Guajira.

En la audiencia en la que el Juez Segundo Penal Municipal con funciones de control de garantías, Néstor Primera, ordenó enviar a la cárcel a los dos capturados por la millonaria defraudación, la Fiscalía reveló detalles de las maniobras irregulares cometidas para, presuntamente, apropiarse de los dineros transferidos por la Nación dentro del régimen subsidiado de salud para la atención de sus 235.000 usuarios en los tres departamentos costeños mencionados, la mayoría de ellos de las etnias arhuaca, yukpa, wiwa, kankuama, kogui y wayuu de la Sierra Nevada y la Serranía del Perijá.

Clavijo y Osorio fueron capturados el pasado jueves en Valledupar, en un operativo conjunto del Gaula Militar y el Cuerpo Técnico de Investigación. De inmediato, la Fiscalía les imputó los delitos de peculado en concurso homogéneo sucesivo y asociación para cometer el delito contra la administración pública, cargos que no aceptaron. La denuncia fue presentada en 2014 (ver Denuncia de los arhuacos puso al descubierto una tenebrosa mafia).

En Dusakawi operó toda suerte de anomalías. Medicamentos que nunca fueron entregados, materiales para mantenimientos no recibidos, irregularidades en la caja menor, incremento exagerado de usuarios en las diferentes zonas donde el número de afiliados era incluso superior al número de habitantes de veredas y corregimientos y empresas de fachada fueron algunas de las irregularidades documentadas por la Fiscalía.

Clavijo generó 'gastos exorbitantes' por la adquisición de elementos y servicios a 'usuarios inexistentes', ocasionando un eminente detrimento patrimonial y un posible fracaso de la firma, expresó el delegado de la Fiscalía. Indicó que hubo 'manipulación de todo el manejo administrativo' porque no se cumplían los requerimientos mínimos para la contratación, olvidando que se trataba de recursos públicos.

Ante el juez, el ente investigador dijo que los implicados en el ilícito fraguaron estrategias para apoderarse de la plata que debía ser destinada a la atención médica de los indígenas. Una de ellas fue contratar no solo con empresas inexistentes, sino con otra cuyo objeto social era muy diferente a los relacionados con los servicios de salud.

Por eso aparecen contratos con una empresa a nombre de Hernán Osorio, cuyo negocio era la venta de ropa, comida y otros artículos de consumo popular.

'Había –expresó la Fiscalía en la audiencia– una empresa registrada con una dirección, y era una fachada donde no se evidencia que funcione un establecimiento de comercio'. Los investigadores realizaron entrevistas y verificación de campo, pero no obtuvieron información sobre una compañía dedicada a ventas en el sector salud.

Lo que sí hallaron fue que la dirección del negocio era la residencia de la mamá de Hernán Osorio y además con entrevistados supieron que este se dedica a la 'comercialización de ropa'.

Se trataba de una comercializadora a nombre de Hernán Elías Osorio, con NIT 77032717-1, registrada el 27 de noviembre de 1995 en la Cámara de Comercio de Valledupar, con dirección en la calle 17 No 5-42, con el objeto social de suministro de bienes y servicios tales como confecciones en general, comidas preparadas, víveres, verduras, frutas frescas y equipos de oficina.

Según la investigación, con los documentos analizados de Dusakawi pudieron determinar que a la comercializadora Hernán Elías Osorio Villeros (que no existe) le pagaron más de $1.009 millones.

Los giros fueron autorizados por Enoc Clavijo, también los contratos fueron firmados por este, pero los investigadores no encontraron soporte alguno de la entrega o relación de personas que recibieran los servicios.

Incluso, observaron pagos de servicios de telefonía y de alimentos supuestamente para entregarlos en algunas veredas, cuando esos gastos no tenían nada que ver con la destinación que debe dársele a los recursos de la EPS que son de destinación específica para la salud.

El informe de la Revisoría fiscal de 2011, que explica los procedimientos acordados para la prestación de servicios de la EPS, encontró que los recursos no fueron destinados adecuadamente.

'Se radicaron facturas que no fueron relacionadas en la contabilidad de la empresa y tampoco se archivaron por parte de Enoc Clavijo, mientras que Hernán Osorio no demostró el recibido' de lo que dice que entregó, precisó la Fiscalía.

Otros procedimientos de la Revisoría fiscal y la Supersalud hallaron que Clavijo firmaba los contratos y autorizaba las facturas sin tener soporte alguno para esas adquisiciones.

La Fiscalía indicó que con la plata de la salud de los indígenas pagaron el servicio de telefonía celular y otros servicios a Hernán Osorio. Los gastos sumaron entre 12 y 16 millones.

Igualmente, la EPS dice que pagó la compra de artículos y alimentos no perecederos para indígenas de la Alta Guajira, sin que existan soportes de que fueron recibidos por la comunidad wayuu ni por otras personas.

La Fiscalía reveló que está investigando transacciones con otras personas, por unos $2.000 millones.

La feria de contratos con recursos de la salud de los indígenas de la Sierra Nevada y Perijá involucra, de acuerdo con las denuncias hecha por líderes arhuacos hace dos años, a una 'red de corrupción', afirmó al abogado Alejandro Arias.

El abogado y miembro de la Confederación Indígena Tayrona, Alejandro Arias, destaca que fueron los líderes del pueblo arhuaco quienes 'prendieron las alarmas' ante los 'manejos irregulares' en la EPS Dusakawi: el 27 de marzo de 2014, autorizados por los mamos, radicaron una denuncia ante la Fiscalía General. 'No solo esas dos personas, ahora presas, están vinculadas a este caso de corrupción. Hay más gente involucrada', enfatiza Arias, y asegura que también hay 'otras organizaciones' metidas en el desfalco.

Explica que la EPS mostraba deficiencias en la prestación del servicio, 'afectando notablemente' a las comunidades indígenas del Cesar, Magdalena y La Guajira. 'Todo era producto de las anomalías en la contratación y eso conllevó a solicitar esta investigación'. Para ello fue clave, revela Arias, una reunión de los mamos con el ex vicefiscal general Jorge Perdomo, en la Sierra Nevada. En ese encuentro el segundo a bordo del organismo investigador se comprometió a investigar lo que estaba pasando.

La denuncia fue radicada por el secretario general de la organización arhuaca, Sebastíán Ramos, y los directivos de la misma Jaime Márquez y Rogelio Torres. Señalaron que en la EPS Dusakawi había tráfico de influencia, irregularidades en la contratación, compras fantasmas para aprovisionamiento de servicios, mantenimientos y apropiaciones indebidas de los recursos de la salud.

Solicitaron que investigaran si detrás de la aparente propiedad de Instituciones Prestadoras de Salud, IPS, con las que contrataba Dusakawi se escondía una 'especie de testaferrato'.

Entre los arhuacos existía la sospecha de que dichas instituciones eran realmente propiedad de directivos, empleados y hasta cabildos; también denunciaron que para la compra-venta de servicios de salud la EPS firmó contratos a precios superiores a los que se pagaban en el mercado.

Más de fondo en sus denuncias, los indígenas señalaron ante la Fiscalía que con el propósito de favorecer a las IPS en cuestión, al momento de pagar las facturas de cobro la EPS Dusakawi no descontaba los servicios no prestados o no glosaba las facturas. Es decir, las pagaban 'sin tener en cuenta que muchas de estas merecían objeciones de pago'. También relacionaron el retiro irregular de $700 millones que hicieron dos abogados de la EPS en procesos ejecutivos contra Dusakawi. Gelver Zapata Izquierdo, delegado de las autoridades arhuacas para liderar el proceso de la denuncia, expresa que la motivación más importante para pedir esta investigación tuvo que ver con una 'serie de sucesos' que han demostrado el 'deterioro financiero' de la EPS de manera permanente.

Arias reafirma que el caso de Dusakawi es un 'pequeño Saludcoop con graves afectaciones para la atención de la salud de los indígenas'; sostiene que con la 'corrupción y el tenebroso manejo de recursos públicos' se robaron cerca de $176.000 millones.

'Esta ha sido una mafia horrible', insiste, y recuerda que hay amenazas de muerte por las denuncias.

A Hernán Osorio, entre septiembre y diciembre de 2012, Enoc Clavijo le pagó millonarios contratos de publicidad, sin que su comercializadora se dedicara a esa actividad. Entre estos contratos la Fiscalía destacó los del 27 de septiembre de 2012, para publicidad, elaboración de pendones, folletos y demás, por $59 millones, que se cancelaron sin soporte alguno y solo con la autorización de Clavijo; al igual que el del 20 de ese mismo mes, con el mismo objetivo, por $56 millones; el 17 de septiembre de ese año pagaron la publicidad de folletos y pendones por $163 millones; el 8 de octubre, otro por $84 millones, y ese mismo día uno más por $71 millones para pendones y folletos. Ante el juez la Fiscalía relacionó otros pagos por el mismo concepto a Osorio: el 19 de octubre de 2012 por $76 millones y el 14 de diciembre de 2012 por $156 millones.