La Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente a la institucionalidad para adoptar medidas inmediatas y efectivas ante la persistente crisis de derechos humanos en el sur de Bolívar. Durante la más reciente visita al territorio, la defensora del Pueblo, Iris Marín, sostuvo un encuentro con líderes sociales, organizaciones de pescadores, campesinos y autoridades territoriales, en la que pudo conocer de primera mano el complejo panorama de vulneraciones a los derechos humanos que enfrenta la subregión.
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La Defensora convocó a la articulación y el trabajo conjunto entre las entidades para que la presencia del Estado se fortalezca y pueda dar una respuesta más efectiva a las distintas situaciones de riesgo evidenciadas en las alertas tempranas (019 de 2023, 003 de 2024 y 013 de 2025 activas para el sur de Bolívar y 027 de 2022, 019, 030, 034 de 2023, 021 de 2024, 013 de 2025 y 003 de 2026 del Magdalena Medio).
“La Defensoría del Pueblo debe hacer un seguimiento del cumplimiento de la Sentencia T-163 de 2024 y es evidente que aún queda mucho trabajo por realizar. Hay una brecha crítica entre la planeación institucional y la ejecución real: las comunidades siguen enfrentando las afectaciones mientras las soluciones permanecen en fase de diseño”, dijo Marín.
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De acuerdo con la funcionaria, evidenció graves afectaciones como la disminución en un 90% de la actividad pesquera; demás de otros deterioros del ecosistema que han perjudicado, de forma directa o indirecta, a las 12 comunidades – es decir unas 26.000 personas –.
Sobre seguridad, la entidad alertó sobre el aumento de homicidios, con al menos 40 casos registrados durante 2025 y 18 más en lo corrido de 2026. A esto se suman amenazas contra liderazgos sociales, extorsiones, restricciones a la movilidad, imposición de normas por actores armados y procesos de cooptación comunitaria que han llevado a la renuncia de líderes y lideresas.
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Además, la funcionaria aseguró que aumenta la preocupación en los municipios de San Martín, El Peñón, Barranco de Loba, Altos del Rosario, Tiquisio y San Jacinto del Cauca por la posible presencia de miembros del ELN.
“Muy impactante el temor paralizante en Sur de Bolívar y Magdalena Medio. Hay demasiado miedo por la acción de ELN, Clan del Golfo y las disidencias de Calarcá.”, destacó.
Entre los hallazgos de la Defensoría también se encuentran los constantes fallos en el servicio de energía – con interrupciones de hasta seis horas diarias, – que afecta a más de 60.000 personas en municipios como Tiquisio, Barranco de Loba, Altos del Rosario y El Peñón.
En materia de salud la situación también es grave. De acuerdo con la entidad, la subregión enfrenta barreras de acceso por su alta ruralidad, congestión en hospitales que atienden población de más de 30 municipios y deudas de las EPS superiores a los 100.000 millones de pesos.
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Entre 2023 y 2025 se registraron más de 6.316 quejas por fallas en la prestación del servicio, principalmente por falta de medicamentos, demoras en autorizaciones y dificultades en traslados.
“Los riesgos paras las comunidades no son solamente en seguridad, también en garantía de derechos: persisten barreras en salud, educación, atención a víctimas, servicios públicos, entre otros, lo que incrementa la vulnerabilidad de las comunidades; todo esto exige una respuesta institucional oportuna, articulada y con enfoque territorial”, afirmó.
Finalmente, la Iría Marín instó al alcalde de Magangué a buscar soluciones para la crisis carcelaria en centros de detención transitoria, donde el hacinamiento alcanza hasta el 400%, como en la Estación de Policía La Esmeralda en Magangué, con 66 personas en un espacio diseñado para 12.
