Tarifas de energía: Las implicaciones de la transformación de la Creg que ha planteado el Gobierno

Durante las últimas semanas, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) ha estado en el centro de la controversia. Los líos para el nombramiento de comisionados en propiedad y los retrasos en la adopción de nuevas medidas regulatorias han sido algunos de los motivos que han conllevado a que se mantenga en el ‘ojo del huracán’.

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En medio de este complejo panorama, el Gobierno nacional ha contemplado la posibilidad de adoptar una serie de transformaciones en esta entidad. Estos cambios se materializarían a través del proyecto de reforma a la ley de servicios públicos que se viene liderando desde el Ministerio de Minas y Energía.

EL HERALDO consultó a autoridades y expertos alrededor de los cambios que se han planteado desde el Ejecutivo, así como los otros aspectos que deben ser objeto de modificaciones en el interior de la Creg para optimizar su operatividad.

Andrés Camacho, ministro de Minas y Energía, fue enfático al decir que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) cuenta con una “importante responsabilidad” para la consolidación de la transición energética en el país. Esa ha sido la base para avanzar en un proceso de “reflexión” y “revisión” alrededor de su operatividad, así como el proceso para el nombramiento de los comisionados.

“Hemos estado buscando muchos perfiles, pero la mayoría no cumplen con los requisitos que están establecidos. Por eso, una de las reflexiones que vamos a incorporar en la nueva ley de servicios públicos es poder tener en cuenta otros aspectos y que la valoración de la experticia no solo se haga como hasta el momento”, indicó el funcionario.

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En esa misma línea, Omar Prías, todavía director de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), pero a quien le fue anulada su elección esta semana por el Consejo de Estado, recalcó que el proceso de transición energética que ha puesto en marcha el país conlleva a modificaciones a nivel regulatorio. En ese sentido, recalcó que los encargados de adoptar las regulaciones se deben adaptar a estos cambios.

“Sí hay una intención de empezar a revisar las leyes con las que nació el mercado, aún más por los nuevos modelos que se están definiendo a nivel nacional y mundial con relación a la generación de energía”, dijo el funcionario.

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Prías también se refirió al proceso de consolidación que se viene adelantando para la utilización del hidrógeno como fuente de energía: “La producción de hidrógeno verde y de hidrógeno azul implica también unas resoluciones para dinamizar y estructurar el mercado desde la producción, el transporte y la distribución”.

Agregó que deben estar mirando lo que está pasando a nivel mundial y cómo se están desarrollando las capacidades en el país.

“Hay muchos estudios para poder definir una resolución sobre un tema en particular. Eso no solo implica cambios para la Creg, sino también para la Upme”, agregó el funcionario.

Amylkar Acosta Medina, ex ministro de Minas y Energía, alertó que la Creg volvería a quedar sin quorum desde esta semana que comienza y así se pondría en riesgo la toma de decisiones.

“Antes de pensar en optimizar la operatividad de la Creg, primero se requiere hacerla operativa y no entorpecer su funcionamiento, que es lo que ha venido propiciando con su interinidad a consecuencia de los nombramientos de los expertos comisionados en calidad de encargados”, sostuvo el experto.

Expuso que el Gobierno nacional no se puede negar al cumplimiento de la normatividad alrededor del nombramiento de los comisionados de la Creg en propiedad a través del “pretexto” de la necesidad de modificar los requisitos que deben cumplir los expertos comisionados.

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Y enfatizó en que lo que se propone en el proyecto de reforma de la ley de servicios públicos, según el texto conocido, es que la regulación quede en manos del presidente de la República, lo que dejaría sin oficio a la Creg. “Es una pésima señal para la inversión y para los inversionistas del sector, pues atentaría contra la estabilidad de las reglas de juego y la confianza inversionista”.

Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y de Comunicaciones (Andesco), reiteró la necesidad de que la Creg cuente con comisionados en propiedad, puesto que serán esos expertos los que adelantarán los estudios y procesos que permitirán tener –en el mediano y largo plazo– mejores precios para los usuarios.

“Nuestros empresarios tienen los mejores técnicos y deberían colaborar a la Creg y al Gobierno nacional. La Creg debe funcionar para que pueda gestionar soluciones a las problemáticas en los sectores eléctrico y de gas; el país también requiere de normativas alrededor del gas para garantizar el suministro”, explicó el líder gremial.

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El presidente de Andesco fue enfático al sostener que se debe posibilitar la llegada de mujeres como comisionadas de la Creg, para así evitar que “los nombramientos se demanden por falta de equidad de género”.

Sandra Fonseca, directora de la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía), puso de presente que los requisitos los expertos están definidos por ley y por tanto no se puede esperar una modificación de la misma para completar los nombramientos.

“La falta de operatividad se debe a los encargos reiterativos y a los vacíos de tiempo sin un nombramiento definitivo de los expertos que se han establecido. Desde el sector estamos seguros de que hay perfiles y hojas de vida adecuadas para conformar la Creg si hay verdadera voluntad para ello”, sostuvo la dirigente gremial.

En ese sentido, sotuvo que contar con quorum en la Creg es un “paso fundamental” para ajustar el mercado, las tarifas, la expansión y la protección a los usuarios: “Está demora afecta profundamente al sector y al país”.

Adriana Arango Manrique, investigadora del departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad del Norte, afirmó que una necesidad imperante en el país es mejorar la eficiencia de los procesos para anticiparse a las condiciones actuales del mercado y del sistema energético en Colombia.

“Es fundamental acelerar la toma de decisiones para reducir los tiempos en los procesos regulatorios y administrativos, modernizar la infraestructura tecnológica para gestionar datos de manera eficiente y adaptarse rápidamente a los cambios del sector energético”, remarcó.

César Uparela, experto en temas energéticos y directivo de Acopi en el Atlántico, consideró necesario que la Creg también responda a las necesidades en transición energética.

“En este momento se requiere del nombramiento de esos comisionados para que puedan emitir las resoluciones necesarias para tal fin, toda vez que en la matriz energética de Colombia no se tuvo en cuenta anteriormente la generación de energías alternativas”, dijo.

Señaló que la Creg debe adoptar modificaciones en la fórmula para determinar el costo unitario del kilovatio/hora, en especial en lo concerniente a los componentes de generación y distribución.

“Se debe fijar un techo para el costo del kilovatio/hora en la bolsa. Y los componentes se deben calcular de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y no el Índice de Precios al Productor (IPP), como se está haciendo”, mencionó.

Mientras que Ingrid Oliveros Pantoja, profesora del departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad del Norte, anticipó que la reforma a la ley de servicios públicos podría ser una oportunidad para apalancar la optimización de la operatividad de la Creg.

“Se debe abordar los aspectos estructurales e institucionales que limitan su eficiencia. Sin embargo, la reforma debe basarse en un análisis técnico y en la consulta con diversos actores del sector energético, incluyendo usuarios, expertos y representantes de la industria”, enfatizó.

Puso de presente que “una reforma mal diseñada podría tener efectos adversos para los usuarios y debilitar la institucionalidad y credibilidad de la Creg”.

Norman Alarcón Rodas, coordinador de la Liga Nacional de Usuarios en la Costa Caribe, sostuvo que ha existido falta de voluntad política para que la Creg ejerza sus funciones normativas y dar respuestas a las solicitudes de los distintos sectores gremiales y de los usuarios.

“Sería importante que en la Creg se tuviera representación de las organizaciones más representativas de los usuarios del servicio eléctrico y del gas, obviamente teniendo los requisitos y la experticia técnica requerida”, aseguró.

Cuestionó que el Ejecutivo ha dado “largas” al nombramiento en propiedad de los comisionados de la Creg, a pesar de los requerimientos legales que se le han hecho.

La operatividad de la Creg se encuentra a media marcha debido a la falta de nombramientos de los comisionados. De los seis cargos, solo dos eran en propiedad: Omar Prías (aunque acaban de anularle la elección) y Antonio Jiménez. Por su parte, a Orlando Velandia se le venció su periodo de encargo el pasado 2 de julio, mientras que Manuel Peña fue nombrado en encargo el pasado 11 de abril, por lo que su periodo finalizará el próximo 11 de julio. Asimismo, los otros dos puestos se encuentran vacantes. En ese sentido, solo queda un comisionado en propiedad y son necesarios, al menos, cuatro expertos para la toma de decisiones.

Esta situación conllevó a la Procuraduría a solicitar que se abriera un incidente de desacato en contra del presidente Gustavo Petro y el ministro de Minas, Andrés Camacho, debido al incumplimiento a la orden proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –y que fue ratificada por el Consejo de Estado– de adelantar las gestiones para el nombramiento de los comisionados en propiedad.

“No se evidencian gestiones por parte de la cartera ministerial de minas y energía, ni por la Presidencia de la República para la provisión de los cargos en propiedad que se encuentran siendo desempeñados en encargo (…),ni se han publicado las hojas de vida de los posibles aspirantes”, sostuvo el Ministerio Público.

En la Creg también tienen asiento los ministros de Minas y Energía y de Hacienda, el director del Departamento Nacional de Planeación y el superintendente de Servicios Públicos. Este último cuenta con voz, pero sin voto.

De acuerdo con el artículo 23 de Ley 143 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) se encarga de la función de crear las condiciones para asegurar la disponibilidad de una oferta energética eficiente, así como definir la metodología para el cálculo de las tarifas.

La entidad también tiene la obligación de definir los factores que deban aplicarse a las tarifas de cada sector de consumo con destino a cubrir los subsidios para los usuarios de menores ingresos y velar por la protección de los derechos de los consumidores, en especial los de estratos de bajos ingresos.