En una acción articulada para proteger el acceso al agua potable y cerrar el paso a las conexiones ilegales, la Gobernación del Atlántico ha intensificado los operativos contra el robo de agua, teniendo en cuenta la prioridad que hay en la preservación de este recurso ante la inminente llegada del fenómeno de El Niño.
Las intervenciones se han concentrado especialmente en la zona rural del cono sur, en municipios como Manatí, donde durante un reciente recorrido técnico y operativo se detectaron 33 conexiones ilegales en fincas.
Según lo informado por la administración departamental, los propietarios ya fueron plenamente identificados y enfrentarán procesos judiciales.
“Estamos desplegando operativos en todo el departamento para combatir el robo de agua. En Manatí encontramos 33 conexiones ilegales que ya están en proceso de judicialización. Este tipo de prácticas no solo es un delito, sino que afecta directamente a miles de familias que dependen del suministro legal”, aseguró el secretario del Interior del Atlántico, José Antonio Luque.
Estas acciones también se han extendido a otros municipios como Polonuevo, Sabanagrande y Luruaco donde las autoridades vienen realizando inspecciones contra fraudes y conexiones irregulares, de manera conjunta con la Policía del Atlántico y la empresa operadora del servicio de acueducto Aqualia.
Por su parte, la secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico del Atlántico, Lady Ospina, advirtió sobre el impacto estructural de este delito en el sistema de abastecimiento.
“El robo de agua en estas zonas asciende a cerca de 1.500 metros cúbicos por día, generando pérdidas estimadas en 2.000 millones de pesos y afectando directamente a más de 40.000 habitantes. Estas conexiones ilegales deterioran la presión del servicio, comprometen la calidad del agua y limitan la capacidad de respuesta ante emergencias”, explicó.
El hurto de agua no solo representa pérdidas económicas significativas, sino que también provoca desabastecimiento, baja presión en las redes, afectaciones sanitarias y deterioro de la infraestructura, impactando de manera directa la calidad de vida de las comunidades más vulnerables.
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La Gobernación del Atlántico reiteró que continuará fortaleciendo estos operativos en todo el territorio e hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar conexiones ilegales y a hacer un uso responsable del recurso.
