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Andrés Gómez Martínez, alcalde de Sincelejo.

Alcalde de Sincelejo dice que actuó con transparencia

La Procuraduría General de la Nación llamó a juicio disciplinario al mandatario de los sincelejanos por los sobrecostos de los 26.666 mercados que entregaron a las familias de estratos 1 y 2.

Tres horas y media después de conocer las decisiones que en su contra profirieron Contraloría, Procuraduría y Fiscalía General, el alcalde de Sincelejo, Andrés Gómez Martínez, dijo que está dispuesto a atender los requerimientos de estos entes.

Precisó, a través de un comunicado, que ha actuado siempre con transparencia, que es una persona respetuosa de la Constitución y las leyes y en razón a ello acatará las decisiones que las entidades antes mencionadas tomen en desarrollo de las investigaciones fiscales, penales y disciplinarias que cursan en su contra.

Gómez Martínez, electo con el aval de Cambio Radical, anotó que como ciudadano también quiere que este caso se esclarezca para bien de la ciudad de Sincelejo.

El alcalde de la capital sucreña la tarde de este jueves fue llamado a juicio disciplinario por la Procuraduría, es decir, que ya su investigación pasó a una segunda fase; mientras que la Fiscalía lo llamó a un interrogatorio de indiciado, mientras que la Contraloría, aplicando el principio de verdad sabida y buena fe guardada, lo suspendió y le abrió proceso de responsabilidad fiscal por $1.051 millones por los presuntos sobreprecios en 26.666 kits alimentarios contratados por la alcaldía y la entrega incompleta de los mismos.

Adicional a esto, otros funcionarios de la alcaldía y contratistas vinculados a un contrato de publicidad por la COVID-19 por valor de 100 millones de pesos también fueron llamados a un interrogatorio en calidad de indiciados.

Se está a la espera de que la Contraloría notifique al Gobernador de Sucre para que este haga efectiva la orden de suspensión que es de estricto cumplimiento. Esta no tiene fecha límite porque va hasta que finalice el proceso de responsabilidad fiscal que él puede dar por terminado si devuelve los recursos del sobrecosto, es decir, $1.051 millones.

Y aunque devuelva el dinero y salde su proceso fiscal, sigue respondiendo disciplinariamente en Procuraduría y penalmente en Fiscalía.

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