En medio de la crisis por las altas tarifas en el Caribe colombiano, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) podría asestar un nuevo golpe a través de un proyecto que incrementaría hasta en un 77 % las tarifas de gas en la región.
Este preocupante panorama ha generado un amplio rechazo entre los congresista de la bancada Caribe, que han solicitado a la entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía que desestime la propuesta de crear una tarifa única para el transporte de gas en el país.
En diálogo con EL HERALDO, senadores y representantes a la Cámara expusieron las principales afectaciones que se generarían en la región de aprobarse dicho proyecto.
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El senador Mauricio Gómez indicó que si bien no se ha tomado una decisión en firme, se generaría una situación “catastrófica” para el Caribe”, debido a que “estampillar o unificar las tarifas de gas traería consigo el aumento del costo de vida en los hogares”.
Recordó que la Contraloría ha hecho una serie de alertas sobre el proceso e indicó que es necesario una “evaluación crítica” sobre las proyecciones de oferta y demanda, así como las posibles consecuencias económicas y sociales para diferentes sectores de la población.
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“La costa Caribe estaría aliviando el bolsillo al interior del país y no es justo. Suficiente tenemos con asumir las impagables tarifas de energía, que nos ponen a decidir si comemos o pagamos luz”, dijo.
Asimismo, el congresista del Partido Liberal recalcó que los precios de los servicios públicos ya los han venido subiendo en la costa Caribe: “La electricidad ha aumentado en 19,77 % en el último año y el incremento del gas llega al 27.39 %”.
Expuso que el Gobierno nacional y la Creg deben ser “más conscientes de la realidad que vive esta región del país. En este sentido, bajo ninguna forma debemos seguir subiendo los servicios públicos en Colombia ni el Gas, ni la energía”.
Mientras que el senador José David Name indicó que la propuesta de una tarifa única de transporte de gas en el país, como resultado de la integración de los sistemas de Promigas y TGI, desconoce la realidad que se vive en la región Caribe.
“La política de precios discriminatorios en contra de la región parece un tema de nunca acabar. El Gobierno nacional continúa sin corregir las distorsiones que hoy castigan severamente a los usuarios del servicio de energía en la Costa y ahora se contempla este cambio en la metodología tarifaria del transporte de gas que resulta abusivo, inadecuado e injusto, una agresión directa contra el desarrollo de la región”, dijo el congresista de La U.
Expuso, además, que es un “despropósito” que se publique esta propuesta para comentarios: “Exigimos a la Creg archivar este estudio que pone en desventaja a la industria de la Costa frente a la competencia nacional, y lesiona los intereses de la región”.
Agregó que “el Caribe no puede seguir pagando los platos rotos de una inadecuada planeación del sector y las dificultades por cuenta de la Comisión. Cada vez es mayor el sentimiento de que la política energética está a la deriva por cuenta de la Creg”.
El senador Carlos Meisel se sumó a los cuestionamientos a la Creg: “Habíamos pedido que se nombraran los expertos de la Creg para que nos aliviara los dolores, no para que nos cause más. Estamos anonadados y no sabemos cómo explicar esta situación”.
Fue enfático al sostener que se requiere voluntad por parte del Gobierno nacional para construir soluciones que beneficien a los habitantes de la región Caribe.
“El Gobierno debe hacer un esfuerzo presupuestal para mitigar la crisis energética y evitar mayores afectaciones a esta región”, remarcó el congresista del Centro Democrático.
A su turno, el senador Pedro Flórez no ocultó su preocupación debido a la propuesta, teniendo en cuenta que el Caribe colombiano alberga la mayor parte de la oferta nacional de gas y se incrementarían las tarifas para los usuarios residenciales e industriales.
“Este desequilibrio en las tarifas de gas podría tener graves repercusiones en la economía y la vida cotidiana de los ciudadanos y las empresas de la región Caribe. De acuerdo con las estimaciones, algunas empresas podrían enfrentar aumentos de hasta $400 millones en el costo de utilización del gas”, expuso.
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El congresista del Pacto Histórico fue enfático al sostener que en la región se vive un “crítico panorama” por los altos precios de la energía eléctrica y se podría ahondar con un incremento en las tarifas del servicio de gas natural.
“No entendemos cómo es posible que se contemple de manera nociva la posibilidad de generar incrementos en la tarifa de este servicio, cuando la oferta de gas en Colombia y su mayor capacidad están ubicados en nuestra región. Se están acrecentando las brechas de desigualdad socioeconómicas e impactos negativos en la calidad de vida de la población del Caribe”, agregó.
Regulación diferencial
Elizabeth Jay-Pang Díaz, representante a la Cámara por San Andrés Islas, indicó que la situación se ha venido complicando para el Caribe colombiano y el archipiélago en relación a los costos de energía y gas.
“Esto nos hace menos competitivos en el mercado, dado que encarece sustancialmente la energía termoeléctrica, que es la que permite el movimiento. Esto afecta proporcionalmente la canasta familiar de las personas naturales y los costos de operación de quienes se dedican al turismo, entendiendo que este es el mayor generador de empleo en el Archipiélago”, indicó.
Expuso que el Caribe y la zona insular requieren de un “capítulo especial” para su regulación energética: “A pesar de poseer las condiciones geográficas, en las islas no se produce energía de manera sustentable, sino que los productos energéticos y de gas son traídos por vía marítima, principalmente Diesel, lo cual nos eleva los costos”.
Efecto dominó
Modesto Aguilera, representante a la Cámara por el Atlántico, indicó que los incrementos en las tarifas de gas lo llevarían a ser un servicio “menos accesible” para las familias vulnerables en el Caribe.
Agregó que el incremento de las tarifas del gas generaría un “efecto dominó” para las tarifas de energía: “Se aumentan los costos a las termoeléctricas, que son las que están cubriendo la demanda que no pueden suplir las hidroeléctricas por los niveles críticos en los embalses”.
Agregó que esta coyuntura desnuda el “gran desconocimiento” por parte del Gobierno sobre la situación actual en materia de servicios públicos y de sus condiciones demográficas, por lo que debe haber una reforma estructural a todo el régimen de servicios públicos.
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“Desde la comisión de la Bancada Caribe de la que soy coordinador, realizaremos un estricto seguimiento a esta propuesta, por medio de mesas técnicas, sesiones y audiencias públicas en las que citaremos al Ministro de Minas y Energía, al igual que a los directores y gerentes de las empresas de gas encargadas de la generación, distribución y comercialización de este, con el fin de evitar esta posible catástrofe”, recalcó.
También sostuvo que “es inaceptable que el quórum de la Creg se haya formado con la intención aparente de atacar al Caribe. Es una afrenta a nuestra región que merece ser confrontada con determinación”.
Mientras que la representante Ana Monsalve cuestionó que el proyecto conllevará a que el componente del transporte pasaría a ser el de mayor valor en la tarifa final al usuario y “seremos los que debemos pagar este aumento tarifario”.
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Expuso que la crisis social que vive el Caribe colombiano por las tarifas de energía se ahondaría con esta situación, teniendo en cuenta que son dos servicios públicos de carácter esencial.
“El aumento en el componente del transporte podría impactar a las térmicas a gas que atienden el 20% de la demanda nacional, esto implica un aumento de costos de producción de la energía que se traducirá en un aumento en la tarifa del servicio de energía”, remarcó.
Por eso indicó que las políticas públicas deben diseñarse con enfoque territorial, reconociendo las particularidades propias de cada mercado: “Mi llamado es a no crear un efecto dominó y a no seguir poniendo en riesgo la competitividad de la región”.
Por su parte, el representante a la Cámara Dolcey Torres destacó que esta propuesta no fue elaborada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), sino que se avanza en el trámite regular al estudio hecho por la Universidad de Los Andes y que fue presentado por la empresa Vanti para su validación.
“Rechazamos esa propuesta que cambia la fórmula del componente transporte en el cálculo de la tarifa del gas de tal manera en que no solo se le aumenta en un 77 % la tarifa en la costa sino que se le disminuye un 22 % a los departamentos del interior del país”, expuso.
Instó a la Creg para que “deseche” esta propuesta –que calificó como lesiva para la región–, teniendo en cuenta que “el Caribe no aguanta más incrementos en sus pagos por energía o gas”.
“Creemos que harán caso omiso a la propuesta y no se le seguirá echando leña al fuego, de un malestar social que se está saliendo de control”, agregó.
“No es posible que la Creg sea tan desconsiderada con el Caribe”
La Guajira sería el departamento más afectado de aprobarse dicho proyecto, teniendo en cuenta que la tarifa de gas se incrementaría cinco veces su valor y, por ende, el valor final para los usuarios.
El senador guajiro Alfredo Deluque cuestionó la “falta de criterio” por parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) de no desestimar dicho proyecto ante las afectaciones que genera.
“No es posible que la Creg sea tan desconsiderada con el Caribe; debe haber mayor consideración social con la región y ni siquiera publicar ese estudio para comentarios”, dijo.
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Dijo, además, que presentará sus comentarios formales para así “evitar que este proyecto vea la luz” debido a que “es contraproducente” para el Caribe.
Por último indicó que es “absurdo” que un departamento productor de gas pague una tarifa superior a la del interior del país.
“En la Costa pagamos de más por el kilovatio/hora debido a que estamos más lejos de las grandes generadoras hidráulicas; la premisa debería ser beneficiar a todos los ciudadanos y no solo a una región”.
