Fiel a su estilo camorrero y belicoso, del que ha hecho gala desde que comenzó su mandato, Gustavo Petro inició el 2026 cazando una nueva pelea. Esta vez escogió como “esparrin” a los gobernadores del país, quienes tendrían que pagar las consecuencias de la improvisación de la llamada emergencia económica, decretada por Petro a finales de 2025.
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En efecto, amparado en dicha figura excepcional, el Gobierno nacional expidió el decreto 1474 del 2025, que estableció el aumento del impuesto al consumo y el incremento del IVA del 5 al 19 %. La medida afecta directamente las finanzas de los departamentos, puesto que no solo impacta el recaudo proyectado para este año, sino que fomenta el contrabando. Es así de simple.
De quedar en firme el decreto, que fue demandado ante la Corte Constitucional, ello significaría menos recursos para la salud, la educación y el deporte en departamentos y regiones. Y ello es así porque en un “estado alcabalero”, como el colombiano, salud, educación y deporte dependen del consumo de licores, cigarrillos y juegos de azar. Por increíble que parezca, en Colombia los “vicios legales” sostienen la salud, la educación y el deporte.
No es culpa de gobernadores y alcaldes que buena parte de sus ingresos dependan de los “vicios” de los colombianos. Señalarlos de “atentar contra la salud”, como pretende el ministro Benedetti, es tan errado como injusto. Los gobernadores están peleando para que el Gobierno nacional no les arrebate –de forma inconstitucional y arbitraria– la mayor fuente de financiación con la que cuentan. Cercenar sus ingresos estratégicos es poner en riesgo el funcionamiento de los departamentos. De ese tamaño es el “orangután” que pretende meterle Petro a los departamentos, amparado en la emergencia económica.
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Y está bien que los gobernadores –con Andrés Julián Rendón a la cabeza– se defiendan de este nuevo abuso de Petro a las regiones. Antioquia sería –sin duda– el más afectado debido a que la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) es la más grande del país y la que más licores vende a los distintos departamentos, quienes –a su vez– reciben mayores ingresos por la venta de estos licores.
Desde diciembre del año pasado, el Gobierno nacional estaba advertido de la “rebeldía departamental”, en caso de que insistiera en su zarpazo a las rentas. En esa oportunidad, la Federación Nacional de Departamentos –a nombre de los 32 gobernadores– expresó al ministro de Hacienda, Germán Ávila, su malestar por los alcances del decreto 1474. Al Gobierno ese reclamo legítimo le entró por un oído y le salió por el otro.
Solo ahora –cuando vio que la rebeldía de los gobernadores va en serio– el ministro Ávila decidió escucharlos y este lunes se reunirá con ellos en Bogotá para escuchar sus justos reclamos.
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¿En qué consiste la “rebelión de los departamentos” y qué posibilidades tienen los gobernadores de ganar la pelea?
Ahora resulta que la culpa es de los gobernadores. ¡Qué tal…!
No es culpa de los gobernadores que sus mayores ingresos dependan del consumo de licor y cigarrillos. La culpa es de la ley que así lo establece. Lo que el ministro Benedetti debería hacer –en lugar de emprenderla contra los gobernadores– es buscar la forma de que el Congreso de la República cambie la ley. Los gobernadores lo que hacen es defender recursos para poder atender salud, educación y deporte en sus departamentos. En el caso del Valle del Cauca –por ejemplo– sus mayores ingresos dependen de la venta de licores y cigarrillos. Así lo declaró la gobernadora Dilian Francisca Toro. La inmensa mayoría de sus colegas piensan igual. Al disparar los precios de los licores –producto del incremento del impuesto al consumo y del IVA del 5 al 19 %– se van a reducir las ventas de forma significativa y con ello los recursos para los departamentos. A la postre, todo ello se traduce en menos salud, menos educación y menos deporte en las regiones. ¿Culpa de los gobernadores? No. Culpa de la ley y de un gobierno –que en su afán por raspar la olla a pocos meses de terminar mandato– decidió meterle mano a los bolsillos de los gobernadores.
La supervivencia de los departamentos está en juego
Tienen razón los gobernadores del país al argumentar que el decreto 1474 de diciembre del año pasado viola la autonomía fiscal y presupuestal de los departamentos, en lo que tiene que ver con el impuesto al consumo y el incremento del IVA del 5 al 19 %. Valerse de la figura de la “excepción de inconstitucionalidad”, como lo han hecho, es no sólo responsable, sino legítimo. De esos ingresos depende su sostenibilidad financiera, así como la materialización de buena parte de sus promesas de campaña. En otras palabras: la supervivencia de los departamentos está en juego. Y ello es así porque el Gobierno de Petro no solo no les da recursos a las gobernaciones, sino que ahora pretende arrebatarles los pocos que tienen. La culpa de que el Gobierno nacional no tenga recursos en caja para atender gastos del Presupuesto General de la Nación –que llevó a decretar la emergencia económica– no es de los gobernadores, sino de Petro. Este desbarajuste es todo suyo. Ya es hora de que asuma su responsabilidad.
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Petro prometió más descentralización y salió más centralista que todos los presidentes
Contrario a lo que buena parte de los colombianos esperaban de su mandato, Petro resultó más centralista que el más “cachaco” de los presidentes que han pasado por la Casa de Nariño. La descentralización y la autonomía regional se quedaron en sus pomposos discursos de campaña. Su relación con alcaldes y gobernadores ha sido –en su gran mayoría– conflictiva y belicosa. El sesgo ideológico que lo guía hace que Petro vea en alcaldes y gobernadores “servidores de la oligarquía”. Y así gobernó. Las regiones fueron maltratadas por Petro y para ello contó –que todo hay que decirlo– con la pasividad y la obsecuencia de varios gobernadores. Por cuenta de Petro, las obras del canal del Dique, por ejemplo, que son fundamentales para “blindar” los municipios del sur del Atlántico y contribuir a la salvación de La Mojana, fueron arrinconadas y archivadas. Todo el esfuerzo que se hizo para gestionar esa megaobra y obtener los recursos se perdió. Y peor: nadie reclamó. El silencio de quienes debieron hacerlo resulta hoy llamativo y elocuente. Allá ellos.
Ahora vendrá la disparada del contrabando y licores adulterados
Pero la arbitrariedad del Gobierno nacional –de quedar en firme el decreto expedido por cuenta de la emergencia económica– tendría un efecto demoledor para las finanzas y la salud –ahí sí– en todos los departamentos del país. Uno de los grandes fracasos de Petro ha sido la lucha contra el contrabando. En estos momentos, el 36 % del cigarrillo que se consume en Colombia es de contrabando. Se trata de la cifra más alta de los últimos 10 años. Por cuenta de ello, el recaudo cayó en los departamentos. Pues bien, de quedar en firme el decreto de Petro, el contrabando de cigarrillos y licores crecería mucho más. ¿La razón? Los precios de los licores y cigarrillos de contrabando serían mucho más bajos. Pero, además, se dispararía la elaboración de “licores chimbos” o adulterados, que podría poner en riesgo –ahí sí– la salud de miles de colombianos. ¿Pensó el Gobierno en esos efectos colaterales de su decreto? El contrabando ha sido, por décadas –no solo en el Gobierno de Petro–, un inmenso agujero negro por donde se esfuman miles de millones de pesos, que no entran al torrente de la economía nacional. Se estima que en el 2024 el contrabando movió –por lo menos– 5 billones de pesos. El decreto 1474 del año pasado disparará –sin duda– dicha cifra.
