La directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, denunció este jueves 11 de diciembre múltiples irregularidades en el Fondo Adaptación, entidad que asumió hace aproximadamente un mes por solicitud del presidente Gustavo Petro.
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Las advertencias incluyen problemas en la contratación, deficiencias en la ejecución presupuestal, riesgos de reintegro de recursos y fallas en proyectos estratégicos.
Durante su intervención en la Casa de Nariño, Rodríguez señaló que las metas programadas para 2025 registran solo un 47% de ejecución, además de un castigo por no ejecución en 2024 que implicó la devolución de cerca de $200.000 millones al Ministerio de Hacienda.
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“Del total de $8,3 billones asignados desde la creación del Fondo para la reconstrucción de infraestructura, se ha pagado $7,6 billones, lo que equivale a una ejecución histórica del 90%. No obstante, la alerta reside en la gestión reciente: en 2024 el Ministerio de Hacienda castigó la no ejecución del Fondo solicitando el reintegro de casi $200 mil millones, y para 2025, solo se ha ejecutado el 47% de las metas programadas, existiendo el riesgo de reintegro de $378 mil millones (…) por falta de gestión”, manifestó.
La funcionaria confirmó que este informe también será radicado ante la Procuraduría y la Fiscalía, para que determinen si existen responsabilidades administrativas, civiles o penales de anteriores gerentes.
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Estos fueron sus principales denuncias respecto a diferentes proyectos:
La Mojana: Un proyecto prioritario con solo 3% de avance
Uno de los puntos más críticos del informe está relacionado con La Mojana, una obra priorizada por el Gobierno Petro. Rodríguez indicó que, pese a que por primera vez se asignaron $1,1 billones para resolver la desconexión hídrica en la zona, la ejecución es mínima.
“A pesar de este esfuerzo, por deficiencias en gestión administrativa, a la fecha se tiene una mínima ejecución de tan solo el 3% (pagados $30 mil millones) y se encuentra en riesgo de pérdida de aproximadamente $235 mil millones”, denunció. La cifra, dijo, “es escalofriante. La manifiesto con profundo dolor”.
Según la directora del Dapre, el Fondo Adaptación debería contar ya con estudios y diseños avanzados, pero “la entidad se encuentra apenas preparando una solución conceptual” y la licitación para una consultoría clave fue declarada desierta.
Proyectos del Fenómeno de La Niña: obras inconclusas y procesos judiciales
Rodríguez advirtió que las demoras y fallas en la ejecución de proyectos relacionados con el Fenómeno de La Niña 2010-2011 y de La Mojana generan un riesgo de reintegro cercano a $800 mil millones.
La directora señaló un panorama de “ineficiencia y paralización”, con 181 procesos judiciales en curso y pretensiones por $1,2 billones. Al menos 21 obras inconclusas están bajo monitoreo de la Contraloría y otras 40 en proceso de ingreso a esa lista.
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La funcionaria también cuestionó inversiones en obras “no funcionales”, como un centro de salud en La Tola (Nariño) y urbanizaciones en Guapi (Cauca) y Toledo (Norte de Santander), que quedaron inconclusas o sin condiciones mínimas de habitabilidad. La mayoría de los contratos asociados están en liquidación judicial o con demandas por incumplimiento.
Denuncias sobre obras recientes bajo la gerencia de Carlos Carrillo
Rodríguez también hizo observaciones sobre obras ejecutadas recientemente, incluso durante el actual Gobierno.
Sobre la Ruta del Arroz, afirmó: “Adjudicada durante la gerencia de Carlos Carrillo, tiene un avance físico de solo el 27% sin soportes en secop y financiero del 0%, presentando un riesgo de incumplimiento contractual”.
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Además, agregó que el proyecto “tiene riesgo de colapso financiero, al haber destinado el 14% del contrato en costos de administración, porcentaje elevado para el mercado”.
Por otro lado, en cuanto al proyecto de investigación Hidrodinámica, señaló que, bajo la misma gerencia, se contrató de manera directa un convenio por $17.5 mil millones para insumos básicos, pese a alertas de control interno y a que la empresa vinculada ya había tenido relaciones previas con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.
