Muchas preguntas dejó el fallo de la jueza Sandra Heredia en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Todas preocupantes. Tanto su proceder durante el juicio como el alcance de su decisión, evidencian una falta absoluta de rigor y –lo que es peor– un preocupante sesgo a la hora de definir la suerte inmediata de quien rigió los destinos del país por 8 años. “Esa animosidad demuestra que aquí hubo sesgo; eso lo tienen que ver los órganos competentes y la justicia internacional. Para condenar –declaró Uribe, luego de conocer la sentencia– ha predominado la política sobre el derecho”.
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Al justificar la drasticidad de la controversial y controvertible decisión, que superó -inclusive- la propia solicitud de la fiscalía, la jueza Heredia argumentó un supuesto riesgo de fuga por parte de Uribe, así como su interés por “asegurar la preservación de la convivencia pacífica y armónica entre los ciudadanos”.
Nada más alejado de la realidad que lo expresado por la jueza Heredia, al justificar la condena de 12 años de prisión, multa de 2.420 salarios mínimos y la inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por parte de Uribe. La jueza lo condenó en primera instancia por ser –según su decisión– “determinador penalmente responsable del delito de soborno en actuación penal y fraude procesal”.
Se trata de un fallo alejado de la realidad porque si alguien ha demostrado su intención y su interés de responder ante la justicia por los señalamientos que hay en su contra, es Álvaro Uribe. ¿De dónde saca la jueza Heredia –para ordenar su detención inmediata– que el expresidente podría fugarse? ¿Ese supuesto “riesgo de fuga” de dónde lo sacó? ¿Tenía indicios para ello o solo fue producto de su animosidad contra el exmandatario, quien en todo momento compareció a todas las citaciones que fue requerido durante el proceso?
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La jueza Heredia deberá explicar muy bien la severidad de su decisión, puesto que múltiples fallos de las altas cortes indican que el principio de favorabilidad no puede ser ignorado por quien administra justicia. Y ello nada tiene que ver con la malquerencia o animadversión de quien funge de juez en contra de quien es juzgado.
Difícil será para los contradictores de Uribe –o para sus enemigos, varios de ellos en tribunales y altas cortes– demostrar que no se trató de un fallo injusto y abusivo, motivado por todo tipo de sesgos. ¿Cómo justificar, por ejemplo, una pena de 12 años de prisión, cuando los márgenes legales oscilan entre los 7 y los 9 años?
Pero hay otro hecho, igualmente grave en el fallo de la jueza Heredia: la vulneración de la presunción de inocencia de quien ha sido condenado en primera instancia. Dicho principio es de carácter universal y debe acompañar al expresidente Uribe hasta que la sentencia quede en firme y se resuelvan todos los recursos de apelación. ¡Cómo así que “la presunción de inocencia ya ha sido desestimada en primera instancia”, como escribió la jueza en su sentencia! ¡Qué tal!
Es decir, la jueza Heredia desconoce instancias superiores, que pueden pronunciarse contrario a su decisión. En caso de que ello suceda –sea en el Tribunal Superior de Bogotá o en la propia Corte Suprema de Justicia, en casación– ¿qué pasará con los derechos vulnerados al ex presidente Uribe, entre ellos –obviamente– la presunción de inocencia?
¿Qué sigue en el futuro inmediato del ex presidente Uribe? ¿Cuáles son los escenarios futuros que lo esperan?
La connotación internacional de Uribe es para defenderse, no para fugarse
Luego de la sentencia injusta y abusiva de la jueza Heredia, un escenario que debe abordar el expresidente Uribe y su equipo de defensa es el de las instancias internacionales. Eso no es presión indebida, ni mucho menos atentar contra las decisiones judiciales nacionales, como alega el senador Iván Cepeda. ¿Acaso no fue lo que hizo el entonces alcalde de Bogotá Gustavo Petro, cuando fue sancionado por el procurador Alejandro Ordóñez? ¿Cuándo Petro lo hizo, estuvo bien, pero si lo hace Uribe está mal? Tiene razón la jueza Heredia cuando destaca la connotación internacional de Uribe, pero no para fugarse –cómo de forma irresponsable ella infiere– sino para defenderse.
Este proceso en contra de Uribe –y su desproporcionado fallo– debe ser conocido por la comunidad internacional, incluyendo tribunales y gobiernos. La legítima defensa del expresidente debe darse en escenarios nacionales –Tribunal Superior de Bogotá y de ser necesario la Corte Suprema de Justicia– pero también internacionales. Al desconocer más de 70 testimonios favorables a Uribe, así como al ignorar principios rectores en el ejercicio del derecho, como la relación confidencial del abogado con su cliente, es evidente que la jueza Heredia no obró con imparcialidad, ni se comportó de forma garantista. La manera como se refirió a los hijos del expresidente durante la lectura de la sentencia –a quienes cuestionó una supuesta falta de “gallardía”– es prueba de ello.
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Apelar el fallo ante todas instancias no significa desconocerlo o torpedearlo
La apelación de la sentencia de la jueza Heredia ante el Tribunal Superior de Bogotá es el recurso legal inmediato al que acudirá la defensa del expresidente. Ello permitirá la suspensión de la sentencia. La apelación deberá presentarse a más tardar el próximo 13 de agosto. Es decir, la defensa de Uribe dispondrá de apenas 7 días hábiles para sustentar la apelación de una sentencia que consta de 1.114 páginas.
Así lo ordenó la jueza Heredia. Una “perla” más en el inmenso collar de abusos cometidos por quien tiene la obligación legal y constitucional de ofrecer plenas garantías a todas las partes, incluyendo a quienes no gozan de sus afectos o simpatías. Con toda razón el exmandatario se quejó de la forma como fue maltratado durante el juicio por la jueza Heredia. Valerse de los recursos establecidos en la ley no significa desconocer la sentencia, aunque no comparta los términos de la misma. Uribe acata el fallo, pero no lo comparte. Apelar el mismo ante todas las instancias contempladas en la ley es lo mínimo que puede hacer para demostrar su inocencia.
Uribe encarna la lucha frontal contra las organizaciones guerrilleras del país
Si hay una sentencia con grandes alcances políticos, es la de Álvaro Uribe. Sus enemigos lo saben. Por ello pretenden valerse del fallo de la jueza Heredia para destruir no solo a Uribe, sino al uribismo. Por eso la saña con la que actúan y actuaron durante todo el juicio al expresidente. Por eso celebran –unos con alborozo y otros con falsas “garantías”– la decisión de Heredia. Álvaro Uribe encarna la lucha frontal contra los grupos guerrilleros y las organizaciones criminales del país.
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Durante sus dos mandatos consecutivos, Colombia recuperó la seguridad que se había perdido en campos y ciudades. Durante sus dos gobiernos, los colombianos dejamos de estar “secuestrados” en nuestras casas. Esa lucha frontal de Uribe contra los criminales no tuvo buen recibo por parte de quienes -desde hace décadas- han tenido vínculos con organizaciones subversivas. Hoy muchos de ellos celebran la condena en primera instancia contra Uribe. No festejan una decisión judicial, sino una venganza. Punto. Se amparan en la justicia para pasar cuentas de cobro. Así de simple.
Por cuenta de la sentencia, Álvaro Uribe pasó de victimario a víctima
Contrario a lo que piensan sus enemigos, que creen que con el fallo de la jueza Heredia empezó el aniquilamiento político y electoral de Álvaro Uribe, el efecto de la decisión podría ser todo lo contrario: la sentencia es tan descarada y abusiva que pone al expresidente en condición de víctima y no de victimario, como pretendían. Hoy una enorme cantidad de colombianos –no solo los uribistas– considera que Uribe fue injustamente condenado en primera instancia. Y es apenas natural que en términos electorales esa condición de víctima genere una gran solidaridad con el expresidente.
Condenar a un expresidente de la República sin pruebas contundentes –para no hablar de la falta de una “prueba reina”– despierta afectos que muchos creían desaparecidos. No se trata de fomentar impunidad, sino de promover el apego absoluto a la ley. Ni más, ni menos. La justicia nace del apego irrestricto a la ley. Y lo contrario: despreciar la ley es acercarse con temeridad a la injusticia. Punto.
