Ante la desbordada inseguridad en el país por los criminales que ponen su ley en territorios donde no llega el Estado o donde ha sido presionado, el precandidato presidencial Jaime Pumarejo propuso una reforma con la que, según explica, se puede minimizar en gran medida la criminalidad en Colombia.
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El exalcalde de Barranquilla no titubea al decir que al país lo que le hace falta es una reforma penal y judicial para golpear otro flagelo: la impunidad imperante en gran cantidad de casos que no terminan en sentencias satisfactorias para las víctimas.
“Colombia atraviesa una de sus peores crisis de seguridad ciudadana. Más allá del crimen organizado, lo que más golpea al ciudadano común es la violencia cotidiana: atracos, extorsión, robos callejeros, homicidios por intolerancia, violaciones, y hurtos agravados, muchos cometidos con arma de fuego o blanca. Esta criminalidad se ha normalizado mientras la respuesta del Estado ha sido débil. Esta propuesta es un llamado ciudadano para actuar con decisión para garantizar seguridad, justicia y dignidad”, propone Pumarejo.
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Y es que según detalló, existen cuatro problemas que han propiciado un sistema judicial “desbordado, capturado y paralizado”: congestión estructural, vencimiento de términos, presiones y subjetividad judicial y delitos con armas.
El barranquillero apunta que estamos muy por debajo del promedio de la OCDE en número de jueces por cada 100.000 habitantes; que las mafias usan el sistema para aplazar audiencias y “forzar liberaciones” con la figura de vencimiento de términos.
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Eso sin contar que muchos operadores de justicia son “intimidados o sobornados”. “La ley permite demasiada discrecionalidad para otorgar beneficios”, lamenta al tiempo que subraya la “impunidad generalizada” para atracos, extorsiones y hurtos con arma blanca o de fuego.
Teniendo en cuenta esa radiografía, Jaime Pumarejo propone una reforma al sistema judicial que se sostiene bajo siete pilares que atajan sus problemáticas y que le apuntala a la reducción de la criminalidad y de los hechos violentos:
- Blindaje judicial contra impunidad disfrazada de paz. Prohibir por ley que el Gobierno o cualquier autoridad suspenda capturas, condenas o penas contra criminales violentos, narcotraficantes o responsables de crímenes de lesa humanidad.
- Cárcel real y juicio rápido para delitos violentos. Establecer un proceso judicial prioritario y expedito para delitos como atraco, extorsión, homicidio tentado, hurto calificado, entre otros, con jueces y fiscales dedicados.
- Sin beneficios judiciales para quien use armas en delitos. Quien cometa un delito violento con arma de fuego o blanca debe ser detenido preventivamente y no acceder a beneficios como casa por cárcel o libertad condicional. Hacer esta aclaración tacita en la ley elimina la subjetividad del operador de justicia y hace que la capacidad extorsiva y de amenaza de los grupos armados y delincuentes sea menor frente a los jueces y fiscales.
- El porte ilegal de armas debe ser tratado como delito grave. Debe implicar condena efectiva y priorización judicial. El que porta un arma ilegal representa un riesgo latente. Ya las penas existen, pero su investigación e imputación no es priorizada y quien es aprehendido con un arma de fuego no es considerado un delincuente peligroso y por ende hay altas tasas de impunidad. Atacar las armas ilegales y volver ejemplares las condenas de quienes las portan y tienen ha sido una herramienta efectiva en otros países para reducir el crimen violento.
- Cárceles funcionales con trabajo obligatorio. Creación de centros penitenciarios rurales de bajo costo donde los reclusos trabajen para costear su manutención y resocializarse.
- Reforma o eliminación del INPEC. Si no garantiza seguridad ni control, debe ser reemplazado por una nueva autoridad penitenciaria o la Policía con supervisión civil.
- Tecnología e inteligencia para combatir el crimen. Cámaras, IA, analítica criminal y trazabilidad de delitos. Una Policía moderna necesita herramientas modernas.
