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La plenaria de la Cámara aprobó este viernes en último debate los primeros seis artículos de la polémica reforma pensional del gobierno del presidente Gustavo Petro.

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Se trata de los artículos 51 del monto de la sustitución pensional por muerte del afiliado, 62 de los fondos de pensiones como patrimonios autónomos, 66 de la publicación de rentabilidad, 68 de la promoción de las actividades de las administradoras del componente complementario, 84 de las sanciones para empleadores que incumplan con sus obligaciones y 88 de la conmutación o constitución de rentas vitalicias.

En el Salón Elíptico el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, cuestionó las dilaciones en el debate: 'Si cada vez que llegue una recusación nos declaramos impedidos entonces este Congreso no podría legislar'.

Esto luego de que la presidenta de la Comisión de Ética de la Cámara, la representante Juana Londoño, del Partido Conservador, anunciara que 'se radicará ante la Fiscalía un documento por falsa denuncia de la persona que interpuso recusaciones en contra de varias bancadas en medio del debate de la reforma pensional. La recusante no asistió a la diligencia en los tiempos del periodo probatorio'.

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Se trata de reiterativas recusaciones que llegaron contra legisladores liberales, conservadores y de La U en medio de la discusión parlamentaria.

También subió al atril el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, para señalar que 'desde el momento de la radicación de este proyecto el Ministerio de Hacienda ha estado acompañándolo en diferentes aspectos' y que 'este proyecto de reforma pensional siempre ha sido viable fiscalmente'.

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De otro lado, el pleno negó con 87 votos a 53 la proposición de la representante Catherine Juvinao, de la Alianza Verde, para debatir primero la vigencia de la reforma.

'No podemos permitir que por hacerlo rápido ocurra un colapso como el del Fomag', dijo la legisladora, señalando que la entrada en vigencia debe ser en 2026 y no en 2025 como está consensuado.

En respuesta, la representante María del Mar Pizarro, del Pacto Histórico, advirtió que 'quienes quieren cambiar la vigencia del proyecto de ley lo hacen por un tema político. Es importante que se empiece a implementar la reforma en este gobierno y a la mayor brevedad'.

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Por su parte, el representante Modesto Aguilera, de Cambio Radical, criticó que la reforma 'más que solucionar, genera más problemas y desigualdad: No tuvieron en cuenta el régimen de transición, los hombres que hoy tienen 840 semanas y las mujeres con 640 semanas cotizadas no logran una pensión justa. Porque al no alcanzar las semanas estipuladas en la reforma quedarían en el nuevo modelo pensional, sin la opción de poder retirar sus ahorros y bajo una renta vitalicia que muy difícilmente alcance los 400 mil pesos mensuales'.

Así mismo, señaló que 'las personas que alcanzaron a cotizar 600 semanas = 12 años, le van a dar una renta vitalicia de $89 mil pesos mensuales. 750 semanas = 15 años, le van a dar una renta vitalicia de $120 mil pesos mensuales, si cotizó 900 semanas = 20 años, le entregarán una renta vitalicia de $154 mil pesos mensuales aproximadamente y los del pilar solidario: que cotizaron 0 semanas, se les pagará $223 mil. Esta es una práctica injusta, ya que las personas que si aportaron a pensión a lo largo de su vida, pueden terminar recibiendo ingresos menores a los que nunca aportaron'.

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Y concluyó que la reforma pensional propone un umbral de $2,3 salarios: 'El subsidio a las pensiones sigue siendo alto. Reducir el umbral a $1,5 salarios haría más progresiva la reforma, permitiendo un mayor ahorro nacional. Brindaría mejoras en la equidad de la reforma, reduce el costo fiscal y la deuda pensional, dejando disponibles más recursos para proyectos de inversión. Con el umbral planteado, se reduce el crecimiento del país en comparación a un escenario sin reforma'.

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