La plenaria de la Cámara aprobó este jueves la conciliación de los proyectos de actos legislativos de la protección constitucional al campesinado y la Jurisdicción Agraria, con lo que ambas reformas pasan a sanción presidencial.
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Al respecto, la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, agradeció 'a las organizaciones, al movimiento y a la resistencia campesina que dio este resultado después de mucho trajinar. Es un reconocimiento a los líderes y lideresas que hemos perdido en el camino'.
Por su parte, el representante Hernán Cadavid, del Centro Democrático, saludó que en el trámite 'le evitamos al país la creación de una nueva Corte, e impedimos que fuera el Congreso quién eligiera a nuevos magistrados'.
El primero es el proyecto de acto legislativo que establece la protección constitucional a los campesinos colombianos.
La iniciativa reafirma dentro de la Constitución la obligatoriedad del Estado de proteger a los campesinos.
El proyecto, se estima, beneficiará a más de 6 millones de campesinos del país, al tiempo que incluye el reconocimiento a la tierra, a la territorialidad campesina y adopta disposiciones sobre la consulta popular.
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El segundo es el de la Jurisdicción Agraria y Rural, que salda una deuda del Estado y solucionará de modo pacífico, en derecho, con justicia, todos los conflictos que surgen en el mundo rural.
La reforma constitucional se da en respuesta al llamado que por décadas han hecho las campesinas y los campesinos para contar con un juez que resuelva en sus territorios asuntos de derecho civil, de propiedad, tenencia, usufructo, arriendos, como los de derecho administrativo, actos de adjudicación de baldíos, licencias de uso de suelo, limitaciones al ejercicio de la propiedad y licencias ambientales, entre otros.
