En octubre de 2022, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió el Auto 068, a través del cual les ordenó a los gobernadores de Atlántico, Bolívar y Sucre, así como a los alcaldes de 20 municipios del área de influencia del canal del Dique, que diseñaran una ruta de memoria sobre los hechos que marcaron este territorio en medio del conflicto armado.
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La aludida ruta debe estar conformada por casas de memoria, placas o monumentos que narren los hechos de violencia y victimización que ocurrieron en las poblaciones de Campo de la Cruz, Suan, Santa Lucía, Manatí, Luruaco, Sabanalarga y Repelón, en Atlántico; Turbaco, San Cristóbal, Calamar, Arroyo Hondo, Mahates, San Estanislao, Cartagena, Arjona, Santa Rosa de Lima, Soplaviento, Turbana y María La Baja, en Bolívar; y San Onofre, en Sucre.
Sin embargo, transcurridos tres años y un mes de esa orden, la ruta no despega porque solo uno de los 20 municipios está trabajando en su materialización. Se trata de la población de Repelón, que será la primera obra que la JEP inaugurará, según las proyecciones, el 9 de abril del próximo año.
Preocupación de la JEP
La magistrada María del Pilar Valencia, integrante de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, en su más reciente visita a la ciudad de Sincelejo, exteriorizó la preocupación que como justicia restaurativa tienen ante el incumplimiento de la medida ordenada.
Reiteró que la Ruta de Memoria propende por mantener viva la historia y la dignidad de las víctimas de desaparición forzada en el canal del Dique, a través de sitios conmemorativos construidos junto a las comunidades.
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“Es una medida que promueve el reconocimiento, la reparación y la no repetición”, dijo la magistrada a EL HERALDO.
Recientemente, la togada realizó un recorrido por ocho de los 20 municipios que hacen parte de la zona de influencia del megaproyecto del canal del Dique con la finalidad de verificar los avances en la implementación de la Ruta de la Memoria. Durante dos días estuvo en Repelón (Atlántico), San Estanislao, Soplaviento, Santa Rosa de Lima, Turbaco, Mahates, Arroyohondo y Calamar (Bolívar).
En cada punto del recorrido constató la voluntad de las comunidades, autoridades locales y peticionarios por convertir los sitios de memoria en espacios de encuentro, reparación y dignificación de las víctimas, pero solo destacó el compromiso de Repelón porque el proyecto en el corregimiento de Villa Rosa fue terminado en su obra física.
“Repelón es el municipio con mayor cumplimiento en la implementación de las órdenes dadas. Estos espacios no buscan recordar con rencor, sino mantener viva la memoria como un derecho de las víctimas a recordar. Recordar es conservar en la conciencia colectiva lo que ocurrió, para que las futuras generaciones no pierdan de vista el pasado y así garanticemos el derecho fundamental a la no repetición”, señaló la magistrada Valencia.
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Agregó que en Calamar hay avances logrados gracias a la concertación, así como la pertinencia del sitio escogido para la obra, que es cerca al canal del Dique, lo que tiene un profundo valor simbólico para las víctimas.
A concertar
Por su parte, en los municipios de Mahates, Arroyohondo, Soplaviento, Santa Rosa de Lima y Turbaco, la JEP también identificó progresos, pero insistió en la necesidad de alcanzar consensos sobre los diseños y materiales de los monumentos para que estas obras representen de manera fiel lo que esperan las víctimas. Esta recomendación se la hizo extensiva a los municipios de Sabanalarga, Luruaco, Manatí y Santa Lucía.
Mientras que a los mandatarios de San Estanislao de Kostka, San Onofre, Cartagena, Suan, Turbana, Maria La Baja, Campo de la Cruz y Santa Lucía los exhortó a fortalecer la concertación y cumplir los compromisos adquiridos.
Llamado a las gobernaciones
La magistrada María del Pilar Valencia también le hizo un llamado a las gobernaciones de Atlántico, Bolívar y Sucre para que fortalezcan su liderazgo en la articulación de los 20 monumentos que integran la Ruta de la Memoria “con el fin de consolidar un proceso regional de reparación simbólica y de no repetición”.
La magistrada de la JEP sostuvo que esta ruta es uno de los componentes de la medida cautelar que pesa sobre el canal del Dique, con la finalidad de apoyar la búsqueda de personas dadas por desaparecidas.
“Lo que pudimos registrar es que, por las condiciones del canal, ya que son aguas vivas que van hacia el océano, es muy difícil la recuperación de estos cuerpos; además, han pasado más de 20 años, entonces es una labor realmente compleja, y por ello, en acuerdo con las víctimas y como complemento al derecho de buscar y encontrar a sus familiares, se acordó, para dignificar la memoria, establecer 20 lugares de memoria en municipios que hacen parte del área de influencia del canal del Dique”, explicó la magistrada.
En el año 2024, las víctimas le hicieron saber a la JEP el incumplimiento del 100 % de esa obligación y por eso iniciaron el proceso de verificación y monitoreo de una obra “que no solo se debe quedar en lo físico, sino que debe trascender a un proceso de apropiación social para que, en especial las nuevas generaciones, mantengan viva la memoria y sea una contribución a una cultura de reconciliación y de paz que perdure”.
¿Desidia?
La desidia o apatía para poner en marcha la Ruta de Memoria hace parte, según la magistrada, del mismo conflicto, y para ello hizo alusión a una expresión del padre Francisco de Roux, que fue presidente de la Comisión de la Verdad, y que junto a ella recorrió ese canal y se preguntaba, ante tanto horror: ¿dónde estaba la sociedad?, ¿dónde estaba el Estado?
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“Lo que podemos decir es que eso hace parte de un problema estructural. La indiferencia y el no asumir responsabilidad donde los entes territoriales a veces no se sienten involucrados, y precisamente estos lugares de memoria lo que buscan es sensibilizar a la población, a los distintos estamentos, para que no pierdan la memoria de lo que pasó, pero no para lamentarnos ni profundizar las heridas, sino como una invitación para que estos hechos no vuelvan a suceder. Es una invitación al diálogo y la reconciliación, por eso en estos sitios debe haber actos culturales y de memoria, que las personas mayores hagan la narración de los hechos a los estudiantes. Se deben convertir en sitios vivos”, anotó la magistrada en conversación con esta casa editorial.
Finalmente, instó a las administraciones locales a tener una muestra de voluntad política, al tiempo que les recordó que, de no cumplir, habrá apertura de incidentes de desacato y, si se demuestra que hubo el incumplimiento, vendrán sanciones de arresto y pago de multas.
