El Heraldo
La pobreza en la que conviven los wayuu es uno de los detonantes de la desnutrición y muerte de niños. ap
La Guajira

“Gastan $100.000 millones para niños, pero siguen muriendo de hambre”

Ex secretario de Planeación de La Guajira dice que falta un trabajo articulado entre las entidades aportantes de recursos a fin de ejecutar planes de alimentación para los wayuu.

Riohacha. La polémica por la muerte de 26 niños wayuu en estado de desnutrición en lo que va de este año en La Guajira, volvió a abrir el debate sobre la urgencia de señalar y castigar a los responsables de esta crisis humanitaria en ese departamento.

Para el exsecretario de Planeación Departamental, César Arismendi, quien  presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación para que se investigue y se identifiquen los responsables de la muerte de 166 menores entre 2008 y 2013,

“Anualmente invierten 100.000 millones de pesos en programas de alimentación para niños, pero quizás hay multiplicidad de acciones, muchos actores trabajando al tiempo y a veces sobre los mismos grupos poblacionales dejando a muchos otros al margen de los programas”, reiteró.

Para el médico guajiro Luis Fernando Buendía, además de la pobreza de los wayuu, otra causa de la crisis se debe a razones culturales en la preparación de los alimentos.

Para superar la desnutrición –opina– se requiere un plan multidisciplinario que abarque atención clínica de calidad, prevención y diagnóstico oportuno, atención de la desnutrición en las fases agudas y crónicas, pero especialmente la seguridad alimentaria de las familias, que no es un problema del sector salud, sino de gobierno.

Para Buendía, este cuadro se agrava por problemas como la sequía que merma la economía e impide la cría de ganado y cultivos.

Indicó además que en La Guajira se evidencian problemas de calidad de atención a los casos de desnutrición y muchos profesionales, técnicos y auxiliares del sector salud no saben tratar tratarla y muchos ni siquiera los diagnostican.

El representante a la Cámara Alfredo Deluque asegura que  “lamentablemente seguiremos viendo como mueren nuestros niños por desnutrición, si no se enfrenta el problema de fondo acabando con la pobreza, brindando buenos servicios públicos, especialmente el agua y mejorar la comunicación terrestre en zonas como la Alta Guajira”.

Enrique Herrera, dirigente cívico de Riohacha aseguró que en la Alta Guajira hay muchas opciones que se pueden desarrollar para que las familias tengan ingresos y por lo tanto una seguridad alimentarias. “Allá hay mucha sábila que crece y vive casi sin agua de la cual se saca el aloe y en una oportunidad una empresa venezolana planteó un negocio, pero no se concretó”.

Aunque no quiso pronunciarse, la directora del ICBF Cristina Plazas, recordó que la institución a su cargo ha colaborado con las autoridades para evitar que se sigan robando los dineros destinados a los niños .

A comienzos de noviembre, la Fiscalía con apoyo del ICBF, capturó a cuatro personas quienes serías los presuntos responsables de un desfalco al Bienestar por  2.217 millones de pesos.

Los presuntos responsables, a quienes un juez de control de garantía de Bucaramanga les dictó medida de aseguramiento, son: María Isabela Hernández, supervisora de contratos del ICBF Guajira; Yiseth Fince Bravo, contadora de la Fundación Un Mejor Vivir, y Ramiro Lizarazo, proveedor, quienes son acusados de los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.

En Albania también fueron capturadas 11 personas, entre las que estaban un ex candidato a la Alcaldía y varios funcionarios, por irregularidades en convenios firmados con la ESE Hospital San Rafael, por valor de $18.600, los cuales estaban destinados a la reducción de la mortalidad infantil.

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