Un juez penal de conocimiento de Bogotá condenó al exgerente de ventas de la Corporación Mixta Integral Yapurutú, Francisco Javier Estupiñán Bravo, a 16 años, 7 meses y 6 días de prisión por su participación en el entramado de corrupción que direccionó la contratación en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Lea más: Joven de 24 años muere tras accidente de tránsito y amputación de pierna en La Guajira
Caso ‘Yidispolítica’: Corte Constitucional ratifica por cuarta vez la condena contra Bernardo Moreno
El hoy sentenciado había aceptado de manera libre y voluntaria los delitos de peculado por apropiación propio y en favor de terceros agravado, e interés indebido en la celebración de contratos.
Esta manifestación recibió aval judicial. Entre tanto, respecto a otros dos cargos que le fueron formulados, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado, la Fiscalía radicó escrito de acusación.
Ver más: Dos jóvenes muertos y una mujer herida dejó atentado a bala en una discoteca en Riohacha
La investigación orientada por un equipo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia evidenció que Estupiñán Bravo intervino en la adjudicación de la orden de proveeduría 185 del 11 de octubre de 2023, por 29.000 millones de pesos, cuyo objeto era el suministro de 40 carrotanques para llevar agua potable a comunidades indígenas de La Guajira. Para ello, presentó documentación falsa que acreditaba la disponibilidad inmediata de los vehículos, sustentada en una alianza comercial inexistente entre la corporación y un concesionario automotriz.
Asimismo, participó en la gestión de desembolsos por 24.406 millones de pesos, cuando los carrotanques no estaban disponibles, debido a que se encontraban en ensamblaje. Las pruebas establecieron un sobrecosto de 11.114 millones pesos, del cual, junto con el representante legal de Yapurutú, se apropió de 4.330 millones y permitió que terceros se quedaran con 6.784 millones de pesos. Contra la condena conocida proceden los recursos de ley.
Lea también: Taxis usados en los casos de Daniela Ospina y Neil Cubides en Bogotá tienen el mismo propietario
