Sin dudas en la actualidad La Guajira es el más grande laboratorio jurídico del país en el que se han dictado fallos, proferido autos judiciales y emanados decisiones de organismos internacionales de Derechos Humanos en procura de defender la integridad física y la vida, no de un individuo, sino de todo un pueblo perteneciente a minoría étnica, como es la raza nativa wayuu, donde pese al cúmulo de esa producción jurídica, prácticamente todo lo ordenado está por hacer, como indicó el magistrado auxiliar de la Corte Constitucional Iván Humberto Escrucería Mayolo, en su reciente visita de 5 días al territorio entre el 17 y 21 de abril pasado.
{"titulo":"Montería presenta radiaciones solares de hasta 1.100 vatios por m2","enlace":"https://www.elheraldo.co/cordoba/monteria-presenta-radiaciones-solares-de-hasta-1100-vatios-por-metro-cuadrado-1000319"}
Ante esta situación que se presenta desde 2017 cuando se produjeron los primeros fallos, el Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira, quien produjo una decisión de tutela protegiendo el pueblo wayuu, la cual fue acogido de manera parcial por la Corte Constitucional en la sentencia T-415 de 10 de octubre de 2018 sin que los funcionarios de los gobiernos nacional, departamental o de los municipios, procedieron a cumplir con lo ordenado, acaba de producir un fallo en un incidente de desacato que iniciaron de oficio y procedieron a aplicar sanciones múltiples y de varias cuantías.
{"titulo":"Corte pidió investigar incumplimiento de protección a niños wayuu","enlace":"https://www.elheraldo.co/la-guajira/la-guajira-corte-pidio-la-procuraduria-y-contraloria-investigar-incumplimiento-de"}
Este incidente de Desacato del Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira sanciona a Cielo Elainne Rusinque Urrego, directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social; Astrid Eliana Cáceres Cárdenas directora de ICBF; Diego Enrique Vargas Vegas, subdirector para el manejo de desastres de la UNGD y Jorge Iván González, director del Departamento Nacional de Planeación. Estas personas están sancionadas con el equivalente a un salario mínimo legal mensual.
{"titulo":"Magistrado visita a La Guajira para velar por los derechos de los niños wayuu","enlace":"https://www.elheraldo.co/la-guajira/magistrado-se-traslada-la-guajira-para-velar-por-los-derechos-de-ninos-wayuu-995317"}
A Diala Patricia Wilches Cortina, en su condición de gobernadora designada del departamento de La Guajira, multa por 1 smlv. Con la misma sanción se afectó a Andreina Susana García Pinto, gerente de la empresa de servicios públicos de La Guajira 'ESEPGUA S.A. E.S.P.
Ediñho De Jesús Vides Guerra, gerente de la empresa de Acueducto, Alcantarillado, Aseo y Energía Eléctrica de Uribia S.A.S. E.S.P. fue sancionado con 3 smlv. El que tiene la mayor sanción del Tribunal es Bonifacio Henríquez Palmar, alcalde de Uribia a quien castigan con 7 smlv.
El fallo establece término de dos días luego de la ejecutoria de esa providencia para hacer la cancelación de la sanción en la respectiva oficina del Banco Agrario y añaden que la imposición de la sanción no exonera a los afectados de la obligatoriedad del cumplimiento de las órdenes judiciales indicando que el cumplimiento debe ser inmediato.
La decisión que sanciona está firmada por las magistradas Hirina del Rosario Meza Rhénals, Carmen Cecilia Plata Jiménez y María del Pilar Veloza Parra.
