El Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira abrió un incidente de desacato por incumplimiento de un fallo de tutela emitido por el Consejo de Estado, en el que se ordenó llevar a cabo un proceso de concertación mediante consulta previa con las comunidades indígenas para el nombramiento de etnoeducadores en el internado de Aremasain, en el municipio de Manaure.
En la tutela, que tiene fecha del 9 de octubre de 2019, se ordenó a la administradora temporal del servicio educativo cumplir esto en un término no superior a seis meses, pero como las competencias de la educación fueron devueltas a la administración departamental, la orden la deberá cumplir el gobernador de La Guajira Nemesio Roys Garzón.
El desacato también cobija a Andrea Catalina Castilla Guerrero subdirectora de gestión de la dirección de Autoridad Nacional de Consulta Previa del ministerio del Interior.
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En el fallo del Consejo de Estado se ampararon los derechos fundamentales a la consulta previa y al autogobierno de las comunidades indígenas actoras.
Se ordenó que este proceso de consulta previa debe llevarse a cabo de acuerdo con los usos y costumbres y con el fin de proceder al nombramiento en propiedad de los docentes y el personal administrativo que sean escogidos de acuerdo a las normas vigentes.
Como medida para garantizar la tutela efectiva de los derechos amparados, el Tribunal dispuso que se informara, al gobernador y a la funcionaria de mininterior, que se les apremia enérgicamente para que den cumplimiento inmediato y total a la sentencia de tutela.




















